Ante una compleja situación financiera y una deuda cercana a los US$25.000 millones, Codelco estaría evaluando una de las decisiones más significativas para su futuro: la posible venta de sus participaciones minoritarias en las minas El Abra y Quebrada Blanca. Aunque la propuesta aún no se ha presentado formalmente al directorio, liderado por Bernardo Fontaine, la iniciativa ya se encuentra en fase de análisis.
La revisión de estos activos emerge como una alternativa expedita para inyectar capital fresco a la minera estatal, especialmente considerando que, históricamente, el Estado chileno no ha reinvertido las utilidades generadas por la compañía.
Uno de los yacimientos bajo escrutinio es la mina El Abra, situada a 75 kilómetros de Calama, donde Codelco posee un 49% de la propiedad. Un factor crucial que impulsa la consideración de venta es el significativo desembolso que implicaría para la estatal participar en el próximo desarrollo de la mina.
Según la información de Diario Financiero, mantener su actual porcentaje en El Abra obligaría a Codelco a invertir cerca de US$3.675 millones para cubrir su parte del financiamiento proyectado. Este plan busca triplicar la producción anual de cobre, pasando de las actuales 91.000 toneladas a más de 300.000 toneladas a partir del año 2033.
De no concretarse esta inversión, la participación de Codelco en El Abra podría verse diluida, perdiendo una parte de su control y beneficios futuros en este importante yacimiento.
En el caso de Quebrada Blanca, la estatal adquirió recientemente un 10% de la mina a la Empresa Nacional de Minería (Enami) en septiembre de 2024, por un valor de US$520 millones. Esta operación, que mejoró la posición financiera de Enami, fue objeto de cuestionamientos por la falta de transparencia en su proceso.
Actualmente, las estimaciones internas de la propia compañía valoran esta participación de Codelco en Quebrada Blanca en cerca de US$796 millones. La mina, ubicada en la región de Tarapacá, es controlada mayoritariamente por la canadiense Teck (60%), mientras que Sumitomo posee el 30% y Codelco el 10% restante.
La eventual venta de estos activos representa una compleja encrucijada para Codelco, que busca equilibrar sus finanzas y asegurar la viabilidad de sus proyectos futuros en un escenario de altas exigencias de inversión y sin aporte estatal de utilidades.
