El biministro del Interior y vocero de Gobierno, Claudio Alvarado, se refirió este martes a las graves irregularidades detectadas en el ingreso de cientos de menores haitianos a Chile. El caso, que investiga fallas en los procesos de reunificación familiar, ha generado una alta preocupación ante la incertidumbre sobre el paradero de varios de los niños involucrados.
La controversia surgió tras un reportaje de BBCL Investiga, el cual reveló documentos confidenciales que acreditan que, durante 2025, numerosos menores ingresaron al territorio nacional acompañados por adultos cuya relación de parentesco “no siempre fue verificada por las autoridades competentes”. Esta falta de control ha sido calificada por las autoridades como un proceso lleno de anomalías.
La postura del Gobierno ante las irregularidades
Al respecto, el secretario de Estado calificó la situación como un escenario “bastante angustiante para muchas familias”. Alvarado fue enfático en señalar que el uso de menores para facilitar ingresos al país constituye una vulneración grave a los protocolos vigentes:
Son niños que de alguna u otra forma fueron utilizados para ser traídos a nuestro país y donde, claramente, queda de manifiesto que no se cumplieron los procedimientos, no se cumplieron las reglas que dicen relación con la reunificación familiar.
Ante la consulta sobre si existirán sanciones políticas para los responsables, el biministro aclaró que el Ejecutivo aguarda los resultados de las pesquisas de la Contraloría. Según explicó, este informe será el documento clave para trazar una línea entre las fallas administrativas y las consecuencias políticas para quienes encabezaban las reparticiones involucradas.
Investigaciones en curso y próximos pasos
El escenario judicial y legislativo frente a este caso continúa evolucionando. Alvarado confirmó que ya existen investigaciones activas a cargo del Ministerio Público. Paralelamente, en la Cámara de Diputados se evalúa la creación de una comisión investigadora destinada a esclarecer los hechos y determinar cómo se vulneraron los controles fronterizos.
Sobre la posibilidad de ser citado a la Cámara Baja para responder por este caso, el vocero fue claro: “Hay que esperar el informe final de la Contraloría, que determine claramente las responsabilidades de carácter administrativo, y si ese informe es categórico respecto a faltas concretas, definitivas, obviamente que hay personas que políticamente representan aquellos servicios y tendrán que dar la cara”. Por ahora, el Gobierno mantiene la expectativa sobre las conclusiones del ente contralor para definir futuras acciones legales o políticas.
