La defensa del exministro ante la comisión
Este martes, la comisión revisora de la acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau recibió los argumentos de su defensa legal, liderada por el abogado Patricio Zapata. El equipo jurídico del extitular de Hacienda ingresó un escrito al Congreso para responder formalmente al líbelo presentado hace una semana por parlamentarios de oposición.
Los legisladores que impulsan esta medida son Javier Olivares, Cristóbal Urruticoechea, Francisco Orrego, Gloria Naveillán y Paulina Muñoz, entre otros. La acusación sostiene que Grau habría subestimado el déficit fiscal efectivo proyectado para 2026, además de omitir presiones de gasto vigentes y mostrar inconsistencias aritméticas en las proyecciones de deuda pública del país.
Argumentos de la defensa y críticas al líbelo
El escrito defensivo, al que tuvo acceso T13, es tajante al señalar que la acusación «descansa íntegramente sobre una premisa que los capítulos acusatorios no lograron acreditar». Según el equipo legal, si dicha base no está demostrada, las consecuencias planteadas por los diputados carecen de sustento jurídico y se apoyan únicamente en un escenario fiscal catastrofista.
La defensa profundiza en su respuesta indicando que «no basta con afirmar que las proyecciones económicas no son favorables». Para que una acusación constitucional prospere, los abogados argumentan que es «indispensable acreditar el nexo causal entre la conducta específica del acusado y el resultado que se le imputa». En el texto, acusan a los parlamentarios de abusar de fórmulas condicionales y presuntivas, en lugar de detallar hechos concretos.
Riesgos legales y contexto
En caso de que la acusación constitucional sea aprobada por el Congreso, el exministro de Hacienda del gobierno de Gabriel Boric arriesga una sanción que le impediría ejercer cargos públicos durante los próximos cinco años. Cabe recordar que este proceso político se desarrolla en paralelo a otras investigaciones de relevancia nacional, como la que lleva la Fiscalía por presuntos delitos de cohecho y soborno relacionados con el tráfico de más de 200 niños haitianos, aunque sin vinculación directa con este proceso fiscal.
