El presidente de la República, José Antonio Kast, oficializó este lunes las indicaciones para el proyecto de ley de Sala Cuna Universal. Esta iniciativa, anunciada inicialmente en su primera Cuenta Pública, busca eliminar una barrera histórica de más de un siglo que ha dificultado la incorporación de las mujeres al mercado laboral chileno, mediante un sistema de cobertura ampliado y financieramente sostenible.
Uno de los puntos clave es el mecanismo de financiamiento. El modelo propone incorporar una cotización adicional de 0,35%, la cual será compensada mediante una disminución de igual porcentaje en las cotizaciones que el empleador actualmente destina al Seguro de Cesantía. Para los trabajadores dependientes, esta cotización será de cargo del empleador, mientras que para los independientes se regirá bajo el esquema habitual de los seguros sociales.
Detalles del financiamiento y fiscalización
El proyecto establece la creación de un Fondo de Sala Cuna que, ante eventuales insuficiencias de recursos, contará con una garantía estatal. Además, se contempla un aporte fiscal de 11.631 UTM, equivalentes a cerca de $10 mil millones, para los primeros dos años tras la publicación de la ley. La administración contará con una Comisión Técnica de Financiamiento y Sustentabilidad y la fiscalización será responsabilidad de la Superintendencia de Pensiones.
El Ejecutivo destacó que esta reforma busca superar las limitaciones impuestas por el actual artículo 203 del Código del Trabajo, vigente desde 1917. El objetivo central es promover la conciliación entre la vida laboral y familiar, permitiendo que el beneficio sea independiente del tamaño de la empresa o del tipo de relación laboral.
Principales cambios y beneficiarios
- Eliminación del límite de 20 trabajadoras: El empleador deberá garantizar el acceso al beneficio desde la primera contratación, removiendo un obstáculo clave para la empleabilidad femenina.
- Inclusión de padres y cuidadores: El derecho se extiende a padres y tutores legales, promoviendo la corresponsabilidad en el cuidado infantil.
- Independientes y trabajadoras de casa particular: Por primera vez, estos grupos se incorporan como beneficiarios del sistema.
Implementación gradual en cuatro años
El despliegue del proyecto será progresivo: el primer año se enfocará en mujeres dependientes (incluyendo Pymes) y padres con cuidado personal legal. El segundo año sumará a trabajadoras independientes y de casa particular. En el tercer año se integrarán padres trabajadores (cuando la madre no sea dependiente ni independiente) y se considerarán hijos de madres desempleadas buscando empleo o estudiantes. Finalmente, el cuarto año incluirá a hijos de padres trabajadores cuando las madres no trabajan ni estudian, junto con los padres del sector público.
El proyecto también contempla la creación de una Comisión Técnica de Financiamiento y Sustentabilidad para evaluar permanentemente la viabilidad del sistema, junto con mecanismos de fiscalización y control a cargo de la Superintendencia de Pensiones para resguardar el correcto uso de los recursos.
Durante la presentación, el presidente Kast calificó la baja natalidad en Chile como una “crisis silenciosa”. Según el mandatario, la incertidumbre económica, la seguridad y el costo de vida han llevado a que las familias posterguen la decisión de tener hijos, llevando al país a registrar una de las tasas de natalidad más bajas del mundo. El Ejecutivo confía en que esta política pública, desarrollada por una mesa interministerial liderada por la cartera del Trabajo y Previsión Social, ayude a revertir esta tendencia y fortalezca la participación laboral femenina en el país.
