Formalización de Boris Chamorro: tercera postergación en caso Llacolén

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¿Por qué se volvió a postergar la audiencia de Boris Chamorro?

La justicia chilena ha vuelto a aplazar la audiencia de formalización del alcalde de Coronel, Boris Chamorro, en el marco de la investigación por el caso Embotelladora Llacolén. Esta es la tercera ocasión en que el proceso legal se detiene, manteniendo al jefe comunal en calidad de imputado por presunto fraude al fisco.

La nueva dilación fue solicitada por el abogado defensor, Waldo Ortega, quien presentó una licencia médica que fue aceptada por el Tribunal de Garantía local. Esta situación impide que se avance en la imputación de cargos relacionados con la condonación de $1.200 millones otorgada por el municipio en 2020 a la citada embotelladora por concepto de patentes comerciales.

Imputados y detalles del caso

El caso, que mantiene bajo la lupa la gestión municipal de Coronel, incluye una lista de personas que deberán responder ante el tribunal. Además de Boris Chamorro, en la causa figuran el exjefe jurídico Cristian Pinto y cuatro exconcejales: Ariel Durán, René Lucero, Osvaldo Campos y Francisco Reyes, este último actual consejero regional.

La trayectoria de esta audiencia ha estado marcada por imprevistos. La primera postergación ocurrió en diciembre pasado, cuando el tribunal quedó sin magistrado, mientras que en marzo de este año, las defensas argumentaron no tener acceso a la carpeta judicial completa. Debido a la gravedad de los hechos, tanto el Ministerio Público como el Consejo de Defensa del Estado han insistido en la necesidad de que la comparecencia sea presencial, fundamentando que solicitarán medidas cautelares privativas de libertad.

Próximos pasos en el Tribunal de Garantía

Tras este nuevo traspié administrativo, la audiencia quedó oficialmente reprogramada para el próximo 19 de agosto a las 9:00 horas. La expectativa se centra ahora en si las defensas estarán en condiciones de comparecer y si, finalmente, se concretará la solicitud de medidas restrictivas de libertad que exigen los querellantes, en un proceso que sigue generando alta tensión política en la zona.

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