El alcance de la nueva propuesta legislativa
El Gobierno formalizó el ingreso a la Cámara de Diputados del proyecto que establece el Registro Nacional de Actos Vandálicos e Incivilidades. Esta medida busca combatir directamente el creciente sentimiento de inseguridad y frenar conductas que deterioran la convivencia ciudadana en el país.
La iniciativa es un punto central en el programa de campaña del Presidente José Antonio Kast. El documento entregado al Congreso detalla el funcionamiento de la norma a través de cuatro títulos fundamentales que estructuran la creación, administración, conductas sancionables, efectos de la inscripción y los plazos de vigencia de las anotaciones, además de las consecuencias por reincidencia.
Estructura y funcionamiento del registro
El primer artículo del proyecto se divide en cuatro ejes estratégicos que regulan:
- La creación y administración operativa del registro.
- La definición clara de las conductas que implican la inscripción.
- Los efectos legales derivados de formar parte de este registro.
- La normativa sobre la duración de las sanciones, la reincidencia y los procesos de cancelación de los registros.
En el marco de esta discusión parlamentaria, también han surgido otros debates políticos, como las recientes críticas del ministro Marcel hacia las declaraciones de Quiroz sobre el Presidente Boric, donde señaló: «No recuerdo a algún ministro de Hacienda que haya usado ese tipo de lenguaje». Asimismo, la diputada Rodríguez se refirió a un altercado con el director de Derecho de la U. de Chile, afirmando que su actuar no fue provocado.
Diferenciación entre vandalismo e incivilidades
El Título II del proyecto establece una distinción clara entre lo que se considerará un acto vandálico y aquellas acciones catalogadas como incivilidades. De ser aprobado, los involucrados recibirán sanciones específicas adicionales a las penas que ya contempla el ordenamiento jurídico vigente para cada falta.
Es importante destacar que el proyecto contempla la inscripción incluso de aquellas acciones que actualmente son competencia de los juzgados de policía local. Con esta iniciativa, el Ejecutivo busca endurecer la fiscalización frente a comportamientos que afectan la convivencia en el espacio público y que, según el Gobierno, requieren un control más estricto para mitigar el vandalismo en el territorio nacional.
