La gigantesca morosidad del Crédito con Aval del Estado (CAE) ha desatado un profundo debate sobre el sistema de financiamiento de la educación superior en Chile. Actualmente, la deuda acumulada por las personas que accedieron a este beneficio y no han cumplido con sus pagos asciende a la colosal cifra de 4 billones de pesos. Esta situación obliga al Estado a desembolsar anualmente cerca de 500 millones de dólares a las entidades bancarias privadas debido a las garantías estatales asociadas al crédito.
De acuerdo con los datos del sistema, hoy existen más de 500 mil personas que mantienen saldos pendientes por el CAE. La problemática se agrava al constatar que un porcentaje significativo de estos deudores percibe ingresos mensuales inferiores a 1 millón de pesos, un factor que deja en evidencia fallas estructurales en el diseño de las políticas públicas educativas.
A principios de este año, un informe de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) ya había alertado sobre esta realidad, revelando que el 40% de los estudiantes que cursan la educación superior se encuentran matriculados en carreras que no les entregarán el retorno económico esperado una vez que egresen al mercado laboral.
Frente a este escenario, surgen posturas que cuestionan severamente el rol del Estado en el financiamiento de ciertas disciplinas. Entre las propuestas planteadas destaca la de eliminar el Ministerio de Educación y suspender el financiamiento público a carreras del área de las ciencias sociales y las humanidades, tales como Sociología, Teatro o Psicología, bajo el argumento de que responden a «hobbies» individuales en lugar de satisfacer necesidades sociales colectivas.
«Las universidades para las ciencias naturales, no para las ciencias sociales. Las ciencias sociales son basura. No sirven para nada. Para absolutamente nada. La única que se salva ahí es la economía.»
Como ejemplo de este desajuste entre la oferta educativa y el mercado laboral, se citan declaraciones del reconocido actor Pancho Melo, quien reconoció públicamente la saturación que vive su gremio. En sus palabras, cada año egresan entre 100 y 200 nuevos actores por universidad para un mercado que no tiene la capacidad de absorberlos.
La propuesta de reestructuración concluye que, si bien las universidades deben tener absoluta libertad para fijar sus propios criterios de admisión, selección de estudiantes y organización interna, el financiamiento público debería ser retirado por completo del sistema de educación superior, priorizando los limitados recursos estatales en las demandas reales que exige la ciudadanía.
