Jaime Campos califica de «show comunicacional» el cambio en Punta Peuco

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El actual ministro de Agricultura del gobierno de José Antonio Kast y exministro de Justicia durante el mandato de Michelle Bachelet, Jaime Campos, arremetió contra la administración del presidente Gabriel Boric. El secretario de Estado calificó como un «show comunicacional» la reciente transformación del exPunta Peuco en el ahora denominado Centro Penitenciario de Tiltil.

Las declaraciones fueron entregadas en el podcast “¿Cómo te lo explico?”, donde el ministro cuestionó el alcance real de la medida implementada por el Ejecutivo en el complejo, el cual históricamente ha sido destinado exclusivamente para condenados por violaciones a los derechos humanos.

¿Qué cambió realmente en Punta Peuco según Campos?

Jaime Campos fue tajante al señalar que el penal no debió sufrir modificaciones, basándose en la naturaleza legal original del recinto. «Así lo estableció la ley cuando se creó Punta Peuco. Era una cárcel especial, siguiendo los criterios de segregación que son propios de la ciencia penitenciaria», enfatizó durante la entrevista.

El titular de Agricultura sostuvo que, tras la modificación ejecutada el 3 de noviembre de 2025 —fecha en la que ingresaron los primeros internos denominados como «presos comunes»—, no se han tomado medidas adicionales que trasciendan la esfera mediática. Según su análisis, el anuncio carece de un impacto sustancial en la estructura carcelaria.

«Hablemos en serio (…) ¿Cuál fue el cambio que hizo Boric en relación a Punta Peuco? En la práctica, en que se tradujo eso, entraron tres y quedaron 130 o 140 exmilitares adentro. Es un show comunicacional y punto, para satisfacer a las masas»

Si bien Campos reconoció que el exmandatario contaba con las facultades legales para efectuar el cambio administrativo, reiteró su postura de que esta acción no representa una transformación de fondo dentro del penal.

A la fecha, el Centro Penitenciario de Tiltil mantiene a la gran mayoría de sus ocupantes vinculados a casos de violaciones de derechos humanos, mientras el debate sobre el uso de este recinto continúa abierto en la agenda pública y política del país.

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