El gobierno de Estados Unidos enfrenta un duro cuestionamiento tras revelarse que el Camp East Montana, el mayor centro de detención para migrantes del país, se ha convertido en un foco de gastos innecesarios y condiciones precarias. Ubicado en la base militar de Fort Bliss, en El Paso, el complejo opera bajo denuncias de fallas en la supervisión y un trato calificado como deficiente por organismos oficiales.
La instalación fue habilitada tras una orden ejecutiva de Donald Trump en enero de 2025 para ampliar la capacidad de detención, la cual elevó el promedio diario de detenidos de 39.314 a 67.204 personas. Sin embargo, un informe de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO) concluye que la apertura acelerada del recinto, con capacidad para 5.000 migrantes, provocó un despilfarro de fondos públicos sin precedentes.
Gestión deficiente y pérdidas millonarias
El centro inició operaciones bajo la empresa Acquisition Logistics, una firma sin experiencia previa en el rubro, antes de que Amentum Services tomara el control en marzo de 2026. La GAO detectó una falta total de mecanismos para ajustar los costos a la demanda real. Entre octubre de 2025 y marzo de 2026, el ICE desembolsó 7,1 millones de dólares solo en alimentación para cupos que no se utilizaron, pagando por 5.000 personas mientras el recinto albergaba apenas 1.600.
El organismo advierte que, de no corregirse los contratos, el Estado podría seguir perdiendo decenas de millones de dólares. Además de los sobrecostos, el recinto abrió sus puertas sin cumplir con los estándares básicos del ICE, careciendo de cámaras de seguridad, espacios de recreación al aire libre y zonas adecuadas para visitas familiares o reuniones legales.
Crisis humanitaria: Salud y seguridad bajo la lupa
La situación sanitaria y de seguridad ha sido calificada de crítica. Se reportó el caso de un migrante con tuberculosis que fue mezclado con la población general, además de pacientes con diabetes o VIH que no recibieron tratamientos adecuados. La tragedia llegó a su punto máximo en enero de 2026 con la muerte de un detenido, la cual fue clasificada como homicidio por asfixia; según la auditoría, la empresa administradora destruyó o desapareció evidencia clave sobre el uso de la fuerza.
Asimismo, en ese mismo mes ocurrió el suicidio de otro interno que, a pesar de presentar factores de riesgo, no fue supervisado adecuadamente. El informe detalla condiciones de insalubridad y prácticas irregulares, como la entrega de galletas a los migrantes para que ellos mismos realizaran la limpieza de las áreas comunes.
“Estos problemas contribuyeron al desperdicio de recursos gubernamentales y a amenazas para la salud y la vida de los migrantes detenidos y del personal de la instalación”, sentenció la GAO en su reporte oficial.
Ante estos hallazgos, la congresista demócrata Verónica Escobar ha exigido el cierre inmediato del complejo y una investigación exhaustiva al contratista. Actualmente, la incertidumbre persiste sobre el futuro de Camp East Montana, mientras crece la presión política para que el Gobierno garantice un trato humano y transparente que evite futuros despilfarros y riesgos a la vida de los detenidos.
