La Asociación de Notarios, Conservadores y Archiveros Judiciales de Chile ha decidido romper su silencio. En respuesta directa al informe del Poder Judicial que expuso incumplimientos en el sector durante las últimas tres décadas, el gremio emitió una declaración pública para defender la legalidad de su actuar y contener la creciente presión institucional.
¿Cómo se defienden los notarios ante los cuestionamientos de fiscalización? El gremio asegura que la supervisión siempre ha existido. Según el comunicado, las oficinas a lo largo de todo el país han sido revisadas por los fiscales judiciales de manera «mayoritariamente proactiva», operando siempre dentro del marco normativo vigente. Con esto, buscan desmarcarse de las críticas que apuntan a deficiencias estructurales graves en los controles.
Cauciones y patrimonio: la defensa del gremio
Uno de los puntos más críticos del informe se refiere a las fianzas o cauciones. La asociación admite que el sistema definido por el Código Orgánico de Tribunales exigía la constitución de estas al asumir el cargo, reconociendo que los documentos más antiguos podrían requerir actualizaciones. Sin embargo, precisan que esta falencia es marginal: «Más del 70% de nuestros asociados han tomado pólizas de seguros de responsabilidad civil adicionales», incluso por montos superiores a lo que pide la ley.
Sobre este punto, destacan que han fomentado este sistema de protección por más de 28 años como garantía ante eventuales indemnizaciones. Respecto a la polémica por la declaración de intereses y patrimonio, los notarios transfieren la responsabilidad de control a las propias fiscalías judiciales, asegurando que la Corte Suprema ya había determinado que esas instancias debían gestionar el cumplimiento, labor que, a su juicio, se ha cumplido a cabalidad.
Contratación de familiares y el futuro del sistema
Otro foco de tensión es la contratación de familiares en las notarías. Ante la nueva normativa, el gremio ha sido enfático: la ley no puede tener carácter retroactivo. Argumentan que, bajo el amparo del Código del Trabajo y la protección de los derechos adquiridos, las situaciones previas a la entrada en vigor de la ley no pueden ser sancionadas ni modificadas.
Finalmente, los notarios declinaron interpretar la nueva legislación, dejando esa facultad exclusivamente en manos de los tribunales de justicia y de la Corte Suprema. Mientras el debate sigue abierto, el gremio mantiene su postura: el sistema es legal y las responsabilidades deben entenderse como compartidas dentro del aparato judicial. La pregunta que queda en el aire es si este pronunciamiento será suficiente para calmar las demandas por una reforma estructural profunda en el notariado chileno.
