El caso de la exdirectora de Dipres
La exdirectora de Presupuestos (Dipres), Javiera Martínez Fariña, figura actualmente en la nómina de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID) bajo el estado de incumplimiento. Este registro está vinculado a las obligaciones de retribución de los beneficiarios de Becas Chile, específicamente por un magíster en Ciencia Política que la militante de Revolución Democrática cursó en la Universidad de Nueva York en 2016.
¿Qué implica el incumplimiento de Becas Chile?
La ANID mantiene un sistema de monitoreo sobre los compromisos de los becarios. Es fundamental aclarar que la retribución exigida por el programa no consiste en una devolución de dinero, sino en la obligación de regresar a Chile y residir en el país por un periodo determinado tras completar los estudios. Javiera Martínez, quien dejó su cargo en el Gobierno el pasado 11 de marzo, aparece en este listado oficial sin que hasta ahora se haya iniciado una demanda civil en su contra.
La defensa de Martínez y el contexto político
Fuentes cercanas a la exautoridad sostienen que su situación responde exclusivamente a un problema de carácter administrativo. Según explican, el conflicto se debe a que Martínez aún no ha presentado formalmente el certificado que acredite su residencia efectiva en Chile durante los últimos años, requisito necesario para cerrar el expediente ante la agencia.
Desde su salida de Dipres, periodo marcado por cuestionamientos técnicos respecto al manejo de las finanzas públicas y proyecciones de ingresos, la economista ha optado por mantener un bajo perfil. Su caso emerge en un momento de escrutinio sobre el programa, luego de que el actual ministro de Hacienda, Mario Marcel, pusiera el foco en los beneficiarios que no han retornado al país.
La postura del Ministerio de Hacienda
La semana pasada, el ministro Marcel abrió un nuevo frente de gestión gubernamental respecto a estos deudores, equiparando la relevancia del tema con el problema de los créditos CAE. El secretario de Estado fue enfático respecto a la recaudación de estos fondos: «Lo vamos a cobrar». Se estima que el monto total adeudado al Estado por becarios que no cumplieron con la obligación de retorno asciende a una cifra cercana a los US$ 150 millones.
