La incertidumbre política en Colombia creció este miércoles tras los rumores sobre una supuesta inhabilitación del mandatario Gustavo Petro. Sin embargo, el congresista Alejandro Ocampo, miembro de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, salió al paso para aclarar que dicho organismo no ha adoptado ninguna medida de suspensión contra el jefe de Estado.
Las versiones sobre la supuesta salida del poder surgieron luego de que Gloria Arizabaleta, presidenta de la citada Comisión, ordenara una «suspensión provisional del ejercicio del cargo» contra el mandatario hasta el próximo 21 de junio a las 16:00 hora local (17:00 hora de Chile). Esta fecha coincide con el cierre de las urnas de la segunda vuelta presidencial, bajo el argumento de una presunta participación en política durante la campaña.
¿Tiene la Comisión facultades para suspender al presidente?
La legalidad de este anuncio fue puesta en duda de inmediato por diversas autoridades. El ministro del Interior, Armando Benedetti, enfatizó que la Comisión de Investigación y Acusación carece de competencia legal para apartar al mandatario de sus funciones. Según Benedetti, «en derecho no existe que la Comisión de Acusaciones pueda suspender al presidente porque es una comisión de instrucción. Solo el Senado es quien puede hacerlo después de que la plenaria de la Cámara actúe como un ente acusador, penal o disciplinariamente».
Por su parte, Alejandro Ocampo, representante del partido Pacto Histórico, fue tajante al desmentir la validez del procedimiento:
“Quiero informar a la opinión pública que no hay ninguna decisión tomada contra el presidente de la República, Gustavo Petro. Que no es cierto, como han dicho algunos medios, que la Comisión de Acusaciones ha suspendido al presidente Gustavo Petro”.
El legislador añadió que el documento en cuestión ni siquiera ha sido presentado ante la Secretaría de la Comisión para su estudio formal. «Es un auto donde la persona que lo hizo lo tenía en su oficina o en su correo y ha llegado a los medios», explicó, instando a la prensa a evitar alarmar innecesariamente a la ciudadanía.
Contexto legal de la investigación
El presidente Petro ha enfrentado múltiples denuncias por su presunta intervención en la contienda electoral que definirá a su sucesor. La Comisión de Investigación y Acusación abrió formalmente una investigación el pasado 26 de mayo. Según la normativa vigente, la suspensión solo procedería “siempre y cuando se evidencien serios elementos de juicio que permitan establecer que la permanencia en el cargo, función o servicio público posibilita la interferencia del autor de la falla en el trámite de la investigación”.
A pesar de las pretensiones de Arizabaleta, los expertos juristas y el Gobierno sostienen que el proceso constitucional exige que cualquier sanción de esta envergadura sea ratificada por el Senado tras una acusación formal. Por ahora, el presidente Gustavo Petro mantiene sus funciones inalteradas mientras el país aguarda la resolución definitiva de la segunda vuelta electoral este 21 de junio.