Un complejo escenario laboral enfrenta la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso, luego de que la Asociación de Funcionarios del Ministerio del Interior, en conjunto con otras organizaciones gremiales, presentara una formal reclamación por una serie de despidos injustificados. La medida, que ha generado un fuerte malestar sindical, afecta tanto a la oficina regional como a las dependencias provinciales.
En total, son 19 los funcionarios desvinculados en toda la región, de los cuales 5 corresponden específicamente a la institución central. Tras conocerse la noticia, los trabajadores afectados sostuvieron encuentros con el delegado Manuel Millones, instancias donde habrían recibido explicaciones que, a juicio de los gremios, poseen un marcado trasfondo político.
¿Por qué los gremios hablan de despidos políticos?
Cristián Arias, director nacional de Fenaminsa, entregó detalles sobre el criterio que, según el dirigente, estaría aplicando la administración actual. Según explicó, la estrategia busca renovar las plantas de personal tras el dictamen de la Contraloría sobre el concepto de confianza legítima, el cual regula la continuidad de los trabajadores en el sector público.
Y entendemos que, en definitiva, se está optando por despedir a la gente que no tiene la confianza legítima, sobre la base de un criterio que, en realidad, tiene que ver fundamentalmente con ser personas que no tienen… que no fueron incorporados o ingresados con este gobierno.
A juicio de Arias, el proceso de desvinculación apunta directamente a desmantelar al personal que no ingresó bajo la actual gestión, utilizando la normativa como una herramienta de reemplazo de cargos. Ante estas acusaciones, la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso optó por el silencio, señalando que, debido a instrucciones precisas del Gobierno central, no emitirán comentarios sobre este conflicto laboral.
Acciones legales y futuro del caso
Por su parte, Elizabeth Luz-Ligeti, presidenta de la Asociación de Funcionarios del Ministerio del Interior, manifestó su rechazo absoluto a la medida. La representante gremial confirmó que actualmente se encuentran en proceso de desarrollar distintas acciones legales con el fin de revertir las desvinculaciones y gestionar la reincorporación de los trabajadores afectados.
Finalmente, los gremios enfatizaron que cualquier proceso administrativo debe ajustarse estrictamente a los principios de legalidad, objetividad y respeto irrestricto a los derechos laborales de los funcionarios. Mientras los afectados mantienen su postura de resistencia, queda en el aire la incertidumbre sobre si prosperarán las vías judiciales para frenar lo que los trabajadores han calificado como una purga política en la administración regional.
