La fallida expropiación del Club Hípico de Punta Arenas, que amenazaba con convertirse en la más costosa de los últimos 20 años en Chile, ha derivado en una compleja disputa judicial. Tras la decisión del ministro de Vivienda, Iván Poduje, de instruir el desistimiento del proceso, los dueños del predio iniciaron acciones legales exigiendo reparaciones económicas que oscilan entre los $573 millones y los $2.179 millones.
Según antecedentes recabados por Diario Financiero, la demanda no cuestiona la legalidad del desistimiento, sino las consecuencias patrimoniales derivadas de esta medida. La sociedad alega haber sufrido un grave impacto financiero, desglosando sus exigencias en daño emergente por gastos incurridos, lucro cesante ante la imposibilidad de operar o generar negocios en el terreno, y el costo de oportunidad por los intereses de los fondos retenidos en el tribunal.
El cálculo tras la millonaria demanda
Los abogados de la parte demandante argumentan que el Estado, al mantener el dominio del bien durante el proceso, privó a los dueños de gestionar esos recursos. Por ello, sostienen que los intereses generados deben integrarse al patrimonio del expropiado. Mientras que la cifra base de $573 millones cubre los perjuicios directos, el monto mayor de $2,1 mil millones incorpora una indemnización del 10%, porcentaje habitual en transacciones inmobiliarias entre privados.
Desde el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) confirmaron haber recibido la notificación de la acción judicial. En una declaración enviada a BioBioChile, la cartera defendió el actuar del titular de la cartera:
Como Ministerio, estamos impulsando una política activa para disponer de terrenos fiscales que actualmente se encuentran sin uso… no resulta justificable comprometer montos desproporcionados en una operación de estas características, especialmente cuando existen alternativas que permiten avanzar en soluciones habitacionales.
¿Qué pasó con el proyecto original?
El origen del conflicto se remonta a diciembre de 2025, cuando bajo el gobierno del entonces presidente Gabriel Boric, se publicó en el Diario Oficial la resolución para expropiar las 20 hectáreas del recinto. El objetivo era integrar el terreno al Plan Ciudades Justas y el Plan de Emergencia Habitacional, destinando el espacio a parques urbanos y viviendas tuteladas para adultos mayores. En ese momento, la tasación fijada por el Serviu fue de $21.030 millones (cerca de US$22,7 millones o 553.712,48 UF).
Los dueños del hipódromo rechazaron la cifra inicial, calificándola de “incompleta, imprecisa y vaga”, y reclamaron un valor de al menos $48.939 millones (equivalentes a US$53,8 millones). Ante la negativa de presupuestar un monto que el actual ministro Iván Poduje consideró incompatible con el recorte fiscal del Ejecutivo, el proceso se detuvo, dejando el terreno en un limbo administrativo mientras el tribunal retiene los fondos y el Gobierno evalúa los próximos pasos a seguir frente a esta demanda vigente.
