La Fiscalía Nacional, bajo la conducción de Ángel Valencia, emitió una declaración pública este martes 9 de junio para aclarar el manejo de los informes de la Unidad de Análisis Financiero (UAF). La entidad respondió a los cuestionamientos surgidos tras las revelaciones de Ciper, que vincularon alertas sobre el Tren de Aragua y a un ejecutivo del Banco Santander con documentos recibidos en la institución.
Según el Ministerio Público, los reportes fueron debidamente recibidos y derivados a las unidades especializadas y fiscalías regionales correspondientes para las pesquisas. La Fiscalía enfatizó que esta información fue vital en la estructura del operativo “Golpe al brazo financiero del Tren de Aragua”, ejecutado en 2025 en tres regiones del país.
Resultados del operativo y uso de inteligencia financiera
El despliegue investigativo permitió la captura de más de 50 personas, además de lograr el congelamiento de más de 350 cuentas bancarias y de criptoactivos. Las autoridades detectaron operaciones de lavado de activos por varios millones de dólares, lo que fortaleció la cooperación internacional frente al crimen organizado.
La institución rechazó las versiones que sugerían inacción frente a los reportes. “Los informes remitidos por la UAF fueron efectivamente recibidos por esta institución y, conforme al procedimiento vigente, analizados por las unidades especializadas competentes y posteriormente derivados a las fiscalías regionales que investigaban los hechos o las personas mencionadas en dichos reportes”, declaró el organismo.
Los informes remitidos por la UAF fueron efectivamente recibidos por esta institución y, conforme al procedimiento vigente, analizados por las unidades especializadas competentes y posteriormente derivados a las fiscalías regionales que investigaban los hechos o las personas mencionadas en dichos reportes.
Nuevos criterios para investigaciones patrimoniales
Para optimizar la persecución, la administración actual emitió el Oficio FN N°101/2025, que actualiza al instructivo N°77/2019. Esta normativa exige que, si no existe un informe en la carpeta, el fiscal debe requerir obligatoriamente a la UAF antecedentes sobre Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), Reportes de Operaciones en Efectivo (ROE) o declaraciones de transporte de dinero.
La controversia surgió ante documentos enviados al Fiscal Nacional entre abril de 2024 y mayo de 2026. Entre los datos reportados figuran alertas sobre empresas como Bexdigital Service y BexGroup, vinculadas a la red del sujeto conocido como “Yefri” y a Carlos Gómez Moreno, alias “Carlos Bobby”. También se detectaron movimientos sospechosos de José Pérez Asencio, ejecutivo del Banco Santander detenido el 2 de junio, y de Joel David Díaz, pareja de la funcionaria de BancoEstado, Rossana Blanco.
Alertas bancarias y transacciones millonarias
Los antecedentes detallan alertas emitidas por Banco Falabella, Banco de Chile y BCI. Destacan los ingresos de José Pérez Asencio por más de $292 millones entre diciembre de 2023 y enero de 2025, además de transferencias por $761 millones a Marcos Reyes Acosta, de la sociedad BexGroup SpA, por cuyas cuentas transitaron más de $17.270 millones. Asimismo, se reportaron depósitos en efectivo de $19 millones de Joel David Díaz y traspasos por $56 millones a la “presta cuentas” Jessica Yurimar Hernández Carrero.
El primer documento de la UAF data de abril de 2024, previo a la balacera en Lampa ocurrida el 15 de julio de 2024. La investigación actual sigue centrada en el análisis de dispositivos incautados, como el iPhone de Bárbara Henríquez, alias “Barby”. Queda pendiente determinar si las futuras acciones judiciales lograrán desarticular por completo los flujos de capital que aún operan bajo el entramado de sociedades fachadas detectadas.
