El senador independiente por Magallanes, Karim Bianchi, realizó un balance crítico sobre la administración actual tras la última Cuenta Pública. En conversación con este medio, el parlamentario cuestionó la estrategia gubernamental, apuntando a lo que él define como una paradoja en la aplicación de medidas punitivas entre la población general y el sector empresarial.
Uno de los puntos centrales de la crítica de Bianchi es el proyecto de registro de vándalos e incivilidades. Según el legislador, existe una disparidad preocupante:
Es fácil quitarle la PGU a un borracho o a alguien que consume drogas, pero no se ve la misma firmeza ni la misma capacidad para quitarle la devolución de impuestos a un empresario que se colude.
Esta contradicción, a su juicio, marca la pauta de una agenda que no trata con el mismo rigor los delitos económicos.
El nuevo escenario tras el ajuste ministerial
Sobre el cambio de gabinete, Bianchi reconoció que la salida de las exministras fue un paso necesario. Calificó el desempeño de las autoridades salientes como un lastre político, especialmente en el caso de la exvocera, a quien criticó por su falta de experiencia y por respuestas erráticas sobre la soberanía chilena en el Estrecho de Magallanes. Sobre la llegada del ministro Arrau, valoró positivamente su capacidad de gestión y apertura al diálogo con los parlamentarios de la Comisión de Seguridad.
El senador destacó que el nuevo ministro ha mostrado interés real en coordinar una hoja de ruta, anticipando medidas clave como el aumento de la carrera funcionaria de Carabineros y la optimización de los recursos institucionales. Bianchi enfatizó un dato alarmante: actualmente, el 20% de los carabineros se encuentra con licencia médica, lo que equivale a una disminución de cerca de 5.000 funcionarios en los últimos años, un déficit que complica cualquier plan de seguridad si no se resuelve la falta de contingente operativo.
La postura frente a la megarreforma y el crecimiento
Respecto a la denominada megarreforma, el parlamentario fue categórico: su apoyo dependerá estrictamente de que la propuesta garantice crecimiento económico. El senador rechazó de plano la idea de incrementar el límite de la deuda pública para financiar los proyectos del Ejecutivo, calificándolo como un capricho administrativo. Asimismo, desestimó cualquier intento de negociación de votos por intereses particulares:
Eso es ponerle precio al voto, se llama cohecho, y me parece torpe.
Hoy, el debate se traslada a la efectividad de las medidas de seguridad, como el proyecto Sinaproc que busca unificar los números de emergencia. Mientras el Ejecutivo busca reactivar su agenda, el clima político sigue tensionado por la falta de avances en el proyecto de inteligencia y la persistente desconfianza ciudadana que reflejan las encuestas. La interrogante que queda abierta es si el cambio de tono ministerial será suficiente para revertir el pesimismo sobre la gestión de la seguridad y la migración que, hasta ahora, el parlamentario califica como publicidad engañosa.
