El jefe de la bancada de diputados de Renovación Nacional, Diego Schalper, encendió el debate sobre el levantamiento del secreto bancario en Chile. El parlamentario reaccionó ante el anuncio del ministro de Hacienda, Mario Marcel —a quien la fuente identifica como Jorge Quiroz—, sobre la preparación de un proyecto de ley para facilitar este proceso por la vía judicial.
La controversia surge en paralelo a la tramitación de la Ley de Inteligencia Económica en el Senado, donde se discute el alzamiento por vía administrativa. La urgencia del debate se ha visto incrementada por la denominada Operación Tokio, investigación judicial que desarticuló vínculos entre un ejecutivo del Banco Santander y la organización criminal Tren de Aragua.
El emplazamiento de Schalper a la oposición
Al ser consultado sobre las posibilidades de consenso, Schalper fue categórico al señalar que es necesario dejar de entregar información inexacta a la ciudadanía. El diputado sostuvo que la Fiscalía ya cuenta con las herramientas necesarias para acceder a la privacidad bancaria cuando lo estima pertinente.
«Yo siempre he desafiado a la oposición a que me digan una vez que la Fiscalía no le haya pedido al Poder Judicial, al juez de garantía, hacer este alzamiento y que no se lo hayan concedido», afirmó el legislador.
El diputado cuestionó duramente a quienes proponen medidas intrusivas sin la supervisión de un magistrado. Según el parlamentario, si se permite el levantamiento por vía administrativa, se estarían vulnerando principios fundamentales del Estado de derecho.
¿Garantías constitucionales en riesgo?
Schalper planteó una analogía sobre los límites de la intervención estatal: «Si esto aplica respecto de, por ejemplo, las cuentas bancarias, ¿por qué no aplica también respecto a los celulares? ¿O por qué no aplica también respecto a los allanamientos de moradas o la interceptación de las comunicaciones?», cuestionó.
Para el jefe de bancada, el derecho a la privacidad está en juego y lanzó una directa advertencia: «Emplazo a la izquierda chilena a que, si lo que quiere es saltarse garantías del debido proceso, que lo digan». No obstante, aclaró que existen aspectos técnicos discutibles con el ministro de Hacienda.
El parlamentario de RN precisó que el diálogo es posible si se enfoca en aspectos como la agilización de los plazos o la capacidad de actuar antes de una formalización. Sin embargo, mantuvo su postura inamovible de que cualquier intromisión en una garantía constitucional debe contar, obligatoriamente, con autorización judicial.
Actualmente, el Ejecutivo sigue afinando los detalles de su propuesta mientras el Congreso busca fórmulas que permitan combatir el crimen organizado sin comprometer las libertades civiles, un equilibrio que promete ser el eje de las próximas sesiones legislativas.
