El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, salió al paso de la tensión política que mantiene con el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, respecto a la polémica ampliación del Centro de Detención Preventiva (CDP) Santiago 1. Mientras el jefe comunal ha catalogado el proyecto como la construcción de una nueva cárcel, el titular de Justicia desestimó la controversia y aseguró que el proyecto es una necesidad urgente de bien común ante la crisis de sobrepoblación penal.
En conversación con CNN Chile, Rabat evitó entrar en el debate político directo con el edil: “Yo no le respondo a Desbordes porque creo que acá hay un error de enfoque”, señaló. El secretario de Estado insistió en que el país enfrenta una emergencia estructural, donde el sistema penitenciario cuenta con una capacidad total para 43.000 personas, pero actualmente alberga a 63.000, lo que representa un hacinamiento del 150%.
La crisis de hacinamiento en Santiago 1
El diagnóstico del Ejecutivo es lapidario respecto al recinto específico de Santiago 1. Según los datos entregados por la autoridad, el penal tiene una capacidad técnica para 4.000 internos, pero actualmente conviven cerca de 7.000 personas. Ante esta cifra, el ministro fue enfático en la justificación técnica de la obra:
“¿Cómo creemos nosotros que lo podemos enfrentar? Con la ampliación de la cárcel, y ese es el punto. Entonces, no es una cuestión personal del ministro con un alcalde, sino un problema de bien común”.
El plan de ampliación busca inyectar 1.600 plazas adicionales al sistema. Sin embargo, el mismo Rabat reconoció que esta cifra no será suficiente para resolver la totalidad de la crisis, funcionando solo como una medida de contención ante la falta de alternativas actuales.
¿Por qué no construir cárceles en otros terrenos?
Consultado sobre la posibilidad de trasladar los centros penitenciarios fuera de la zona urbana, el ministro aclaró que no se trata de una falta de voluntad, sino de una imposibilidad técnica y legal. El Ministerio de Justicia adquirió previamente un terreno en la comuna de Tiltil, el cual quedó descartado por una carencia fundamental: “Ese inmueble hoy día no tiene factibilidad de agua. Por lo tanto, no puedo construir una cárcel donde no tengo agua”, explicó.
A esto se suma una barrera administrativa: el Plan Regulador Metropolitano prohíbe explícitamente la construcción de recintos carcelarios dentro de su jurisdicción. Por tanto, el secretario de Estado argumentó que se requiere situar las obras fuera de dicho plan, pero se enfrenta a la inexistencia de terrenos con factibilidad de agua que cumplan con los requisitos básicos. “Cuando he dicho en reiteradas oportunidades que no hay actualmente otro terreno, es porque no existe otro terreno y necesitamos la ampliación”, concluyó el ministro, reiterando su intención de no profundizar en la polémica con Desbordes.
A futuro, el Gobierno mantiene la premura por ejecutar las obras ante el sostenido incremento de la población penal, mientras persiste el nudo crítico entre la normativa urbana vigente y la urgencia de infraestructura carcelaria que exige el sistema de seguridad nacional.
