Acción judicial contra el ministro Iván Poduje
Una nueva polémica sacude al Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Este viernes, ante el Juzgado de Garantía de Viña del Mar, se interpuso una querella criminal en contra del titular de la cartera, Iván Poduje, debido a las controversiales demoliciones ejecutadas en el sector de El Olivar. La acción legal fue presentada por la empresa Social Arquitectura Limitada (SARQ), la cual gestionaba las viviendas sociales destinadas a los damnificados por el megaincendio de 2024.
Delitos imputados y principales involucrados
La abogada Erika Maira, quien encabeza la querella, sostiene que el secretario de Estado habría utilizado el aparato estatal para cometer delitos, interferir de forma ilegal en contratos vigentes y dictar resoluciones consideradas manifiestamente injustas. Además de Poduje, la denuncia apunta directamente al seremi de Vivienda de Valparaíso, Marcelo Ruíz, y al director subrogante del Serviu regional, Rodrigo Muñoz.
La presentación judicial detalla una serie de delitos graves, entre los que destacan la prevaricación administrativa reiterada, falsificación ideológica de instrumento público, uso malicioso de instrumento público falso y fraude al Fisco. Según la querellante, los imputados habrían presionado a funcionarios para antedatar documentos y forzado la emisión de informes falsos.
Motivaciones políticas y perjuicio fiscal
Según el texto ingresado a tribunales, el ministro Poduje habría diseñado un plan previo a asumir su cargo para excluir a la empresa SARQ y a la Constructora San Sebastián de los proyectos de reconstrucción, buscando favorecer a empresas de su preferencia. Bajo esta premisa, la querella afirma que Poduje actuó con desviación de poder y sin contrapeso técnico al inmiscuirse en funciones propias del Serviu para paralizar las obras.
«Esperamos que en una investigación objetiva e independiente, el Ministerio Público pueda esclarecer los hechos, que se han desarrollado con presiones a funcionarios, falsificación de instrumentos públicos, engaños a las familias damnificadas y una demolición innecesaria, incurriendo en fraude al Fisco», señaló la abogada Maira.
Un punto clave de la denuncia es la orden de demolición de viviendas recién construidas, la cual se habría realizado ignorando peritajes del IDIEM que confirmaban la viabilidad de reforzar las estructuras. Este acto habría generado un perjuicio al patrimonio fiscal estimado en más de 2.332 UF, dejando a decenas de familias sin una solución habitacional definitiva tras la tragedia del megaincendio.
