El respaldo de Pavez a los dichos de Rabat
La polémica sobre los indultos en nuestro país sumó un nuevo capítulo. El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, salió a respaldar públicamente las declaraciones del ministro de Justicia, Fernando Rabat, quien sostuvo que las solicitudes de perdón presidencial deben revisarse bajo las circunstancias particulares de cada expediente, sin excluir por defecto ningún tipo de delito.
La controversia surgió tras una entrevista en CNN Chile, donde se consultó al ministro Rabat si un violador de menores podría optar a este beneficio. El secretario de Estado afirmó que, si bien se trata de un delito muy grave, la decisión final depende de los antecedentes del caso: «van a depender mucho las circunstancias en que esa persona esté en el momento… si las circunstancias del expediente le arrojan un determinado antecedente que a usted le permita pensar distinto, deberá ponderarlo debidamente».
La postura del Gobierno ante la ley vigente
Ante las dudas generadas, Pavez fue enfático en señalar que el ministro Rabat ha actuado bajo el estricto marco legal. «La ley obliga a revisar caso a caso todas las peticiones que el derecho corresponda», aseguró el subsecretario, argumentando que no resulta adecuado emitir pronunciamientos ex ante sobre solicitudes que aún no han sido analizadas en su mérito por la autoridad competente.
El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, reiteró que la normativa vigente exige una respuesta fundada por parte de las autoridades cada vez que una persona realiza una petición formal. «Lo que ha dicho el ministro Rabat es que no corresponde emitir un pronunciamiento previo, sino analizar en su mérito todas las peticiones que llegan para aplicar la ley», puntualizó el funcionario.
Contexto: Otras polémicas judiciales
En el marco de la contingencia, también ha tomado relevancia el caso de Iván Poduje, quien respondió a la querella presentada en su contra por la demolición en El Olivar. Poduje arremetió contra la constructora involucrada, calificándolos de «sinvergüenzas» y cuestionando la veracidad de los hechos denunciados.
La querella, que ha generado un amplio debate, incluye acusaciones por amenazas contra inspectores del Serviu y engaños a vecinos. Estos eventos se suman a la discusión sobre la transparencia y el rigor legal en los procesos administrativos y judiciales que actualmente enfrenta la agenda nacional.
