El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, defendió el reciente pronunciamiento del Servicio de Impuestos Internos (SII), entidad que estableció que las casas de apuestas extranjeras, pese a su estatus de ilegalidad en Chile, deben tributar a través del IVA. Tras concluir su participación en la Comisión de Salud del Senado, el titular de la cartera de Hacienda enfatizó la independencia de la entidad fiscalizadora ante las críticas del sector.
Según explicó el secretario de Estado, el SII se rige por su director y su deber constitucional es aplicar la ley y recaudar impuestos sobre los hechos gravados.
"Es más, es su deber, sin pronunciarse si eso es o no legal, que eso corresponde a otra instancia"
, sentenció Quiroz. El ministro fue enfático al descartar que este cobro constituya una "regulación encubierta", respondiendo así a los cuestionamientos sobre una eventual legalización de estas plataformas.
¿Es una regularización encubierta o simple recaudación?
La tensión radica en que las casas de apuestas en cuestión han sido declaradas ilegales en al menos dos ocasiones por la Corte Suprema, una postura respaldada por la Superintendencia de Casinos y Juegos (SCJ). En su resolución, el SII reconoció la naturaleza ilícita de estas operaciones, las cuales fueron excluidas del régimen de tributación simplificada precisamente por su irregularidad.
A pesar de este reconocimiento, el organismo determinó que estas entidades siguen obligadas a cumplir con sus deberes tributarios. Para ello, deberán utilizar mecanismos como el F129 o el formulario de IVA Digital, asegurando así el pago de impuestos independientemente de la legalidad de la actividad que realizan.
La postura de los casinos nacionales
La Asociación Chilena de Casinos y Juegos ha manifestado una fuerte oposición a esta medida. Los gremios acusan que la resolución del SII envía una señal "confusa" mientras se debate en el Congreso una ley para normar el mercado de las apuestas online. Para los operadores tradicionales, esta decisión funciona en la práctica como una forma de legitimar a actores que hoy operan fuera del marco legal que rige a la industria del azar en el país.
Mientras la discusión legislativa continúa, queda la duda de si esta medida fiscal facilitará o entorpecerá el proceso de regulación integral que busca zanjar definitivamente la operación de estas plataformas en el territorio nacional.