El Congreso Nacional despachó a ley, de forma unánime en ambas cámaras, el proyecto de ley que establece sanciones penales para el ingreso ilícito de objetos a recintos penitenciarios. Esta iniciativa, conocida como la ley antipelotazos, busca fortalecer la seguridad en las cárceles y perseguir penalmente a quienes lancen objetos hacia ellas, aun cuando estos no sean recuperados.
La nueva legislación modifica el artículo 304 bis del Código Penal. Ahora, cualquier persona que ingrese o intente ingresar objetos o sustancias por lanzamiento desde el exterior o vías no autorizadas será sancionada. Un punto crucial es que la conducta será punible incluso si el elemento lanzado no se recupera o no se puede determinar su contenido.
Las penas estipuladas varían entre presidio menor en sus grados mínimo a medio, es decir, de 61 días a tres años. La sanción podrá incrementarse en un grado si el objeto lanzado es capaz de comprometer la seguridad del recinto, poner en riesgo a los internos o facilitar una fuga.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, subrayó la importancia de la ley: “El proyecto también sanciona a quien sea sorprendido en posesión de un objeto que haya sido ingresado ilícitamente al establecimiento penitenciario. Se trata, sin lugar a dudas, de una ley muy relevante, porque busca fortalecer el control de los recintos penitenciarios y generar mayor seguridad en su interior”. Rabat enfatizó que la norma impedirá el ingreso de elementos como teléfonos celulares, drogas, armas o partes de armas.
Por su parte, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, calificó la aprobación como “un paso decisivo para desarticular las bandas criminales que intentan mantener sus operaciones tras las rejas”.
Pavez agregó: “Como estamos sancionando de manera estricta los pelotazos, estamos cerrando un histórico espacio de impunidad y blindando la seguridad perimetral en nuestras cárceles, algo que el Presidente ha definido como fundamental”.
Con esta aprobación, la iniciativa queda en condiciones de ser promulgada y publicada oficialmente, marcando un hito en la estrategia de seguridad carcelaria del país.
