Este martes, el Gobierno de Chile oficializó la aplicación de suma urgencia para el proyecto de ley liderado por el diputado del Partido de la Gente (PDG), Javier Olivares. La iniciativa busca tipificar y establecer sanciones concretas contra el ocultamiento deliberado de identidad en el contexto de manifestaciones, eventos masivos y cualquier tipo de desorden público.
Esta decisión administrativa se materializó apenas un día después de la primera Cuenta Pública del presidente José Antonio Kast. Durante dicha instancia, el jefe de Estado subrayó la importancia estratégica de fortalecer las medidas orientadas a garantizar la seguridad ciudadana y enfrentar de manera rigurosa los episodios de violencia que afectan la tranquilidad del país.
¿Qué busca la nueva normativa del diputado Olivares?
El proyecto legislativo, redactado durante los últimos meses, tiene como eje central penalizar a quienes utilizan capuchas u otros elementos para esconder su identidad mientras cometen delitos. Según lo informado por el equipo del diputado Javier Olivares, el texto cuenta con un respaldo transversal de la bancada del PDG y de diversos parlamentarios de otros sectores políticos que buscan endurecer las penas contra los violentistas.
El diputado Olivares declaró: «Valoramos que el Presidente de la República haya tomado en consideración este proyecto de ley que presentamos hace algunas semanas y que cuenta con el respaldo de la bancada del PDG y de parlamentarios de distintos sectores. Esta iniciativa castigará a quienes decidan ocultar su identidad para delinquir en el contexto de manifestaciones o desórdenes públicos. Debemos proteger a quienes se manifiestan pacíficamente y terminar con la impunidad de quienes utilizan una capucha para cometer delitos».
Impacto y tramitación en el Congreso
El objetivo de la medida es robustecer las herramientas legales de las policías y el sistema judicial. La suma urgencia impuesta por el Ejecutivo permite acelerar significativamente la tramitación legislativa de este proyecto. La propuesta no solo castiga el uso de elementos para ocultar la identidad, sino que también busca desincentivar acciones que impliquen daños a la propiedad pública o privada, agresiones a terceros o la obstrucción de la justicia.
Con este paso, la discusión parlamentaria se trasladará ahora a las comisiones pertinentes para su votación. Queda por ver si el apoyo transversal anunciado por el diputado Olivares será suficiente para que la iniciativa se convierta en ley de la República en los próximos meses, reforzando así la agenda de seguridad planteada por el actual Gobierno tras su primera rendición de cuentas ante el país.
