En una reciente acción fiscalizadora, la Contraloría General de la República (CGR) notificó a 15 alcaldes a lo largo de Chile tras detectar que han incumplido con la obligación legal de actualizar sus Declaraciones de Intereses y Patrimonio (DIP). Este trámite es fundamental para asegurar la probidad y la transparencia en la gestión municipal, según lo estipulado en la normativa vigente.
La advertencia formal fue emitida el pasado 27 de mayo. A través de oficios individuales, el ente contralor exigió a cada una de las autoridades municipales regularizar su situación en un plazo máximo de 10 días hábiles. La omisión de este deber pone en riesgo la continuidad de los jefes comunales en sus respectivos cargos.
Sanciones: de multas a la destitución
Desde el organismo precisaron que, si tras el vencimiento del plazo no se han recibido las declaraciones, se iniciará un proceso sancionatorio bajo el marco de la Ley N° 20.880 sobre Probidad en la Función Pública y Prevención de los Conflictos de Intereses. Las autoridades negligentes enfrentan multas que oscilan entre las 5 y 50 Unidades Tributarias Mensuales (UTM).
La situación podría escalar si persiste el incumplimiento. Según la legislación, si transcurren cuatro meses desde que se aplicó la multa inicial sin que el alcalde haya regularizado su declaración, el caso podría derivar en la destitución de la autoridad. Es un procedimiento enfocado en verificar que todos los cargos públicos cumplan con los estándares de transparencia exigidos por la ley.
Lista de comunas bajo la lupa
Los jefes comunales apercibidos por la Contraloría representan a diversas zonas del territorio nacional. La nómina detallada por el ente fiscalizador es la siguiente:
- San Rosendo, región del Bío Bío.
- Empedrado, región del Maule.
- Melipeuco, región de La Araucanía.
- Cabo de Hornos, región de Magallanes.
- Rinconada, región de Valparaíso.
- Los Muermos, región de Los Lagos.
- Los Sauces, región de La Araucanía.
- Toltén, región de La Araucanía.
- San José de Maipo, región Metropolitana.
- Sierra Gorda, región de Antofagasta.
- Santo Domingo, región de Valparaíso.
- Quintero, región de Valparaíso.
- Arica, región de Arica y Parinacota.
- Lota, región del Bío Bío.
- Alto Bío Bío, región del Bío Bío.
Por ahora, el proceso se mantiene en la etapa de fiscalización y corrección administrativa. La gran interrogante es si las 15 autoridades lograrán ponerse al día dentro de los 10 días otorgados o si enfrentarán procedimientos sancionatorios más severos en las próximas semanas.
