José Antonio Kast condena ataque con molotov a periodista de Bío Bío

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Durante su primera Cuenta Pública, el presidente José Antonio Kast puso sobre la mesa la necesidad de implementar el Registro de Vándalos e Incivilidades. El mandatario aprovechó la instancia para condenar enérgicamente el ataque con una bomba molotov que afectó a un periodista de Radio Bío Bío, incidente ocurrido en las cercanías del Instituto Nacional.

El hecho en cuestión tuvo lugar la mañana del pasado 28 de mayo, jornada en la que encapuchados vestidos con overoles blancos generaron graves desórdenes en el sector del histórico recinto educacional. Según explicó el jefe de Estado, la violencia ejercida por estos grupos exige una respuesta legislativa clara y decidida.

«También queremos avanzar en el proyecto que sanciona a los encapuchados y esto es algo que hemos visto en los últimos días. No queremos volver a ver jóvenes que movidos por otros salen a la alameda y arrojan bombas molotov», señaló Kast durante su intervención ante la audiencia.

La crítica al atentado contra el periodista Christian Borcoski

Uno de los puntos más sensibles de su discurso fue la alusión directa a la integridad de los profesionales de la comunicación. El presidente se refirió específicamente al caso del periodista Christian Borcoski, quien fue blanco directo de la violencia mientras cumplía sus funciones informativas.

«Podríamos haber lamentado una situación terrible en los últimos días con una de esas bombas molotov que casi le pega a un periodista. Es una cosa de no creer y eso tenemos que condenarlo todos. Todos tenemos que salir de aquí condenando a los overoles blancos», sentenció el mandatario.

El anuncio sobre el Registro de Vándalos busca marcar un precedente ante la escalada de violencia en las movilizaciones estudiantiles. Mientras el proyecto de ley continúa su curso, la preocupación en el Ejecutivo se mantiene alta respecto a las garantías de seguridad para trabajadores de prensa y ciudadanos que transitan por la Alameda, proyectando un escenario de mayor fiscalización y sanciones contra quienes utilicen tácticas incendiarias en la vía pública.

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