La próxima semana el Congreso iniciará la revisión de la acusación constitucional presentada contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau. En este escenario, el reconocido abogado constitucionalista Patricio Zapata asumió la representación legal para enfrentar el libelo impulsado por sectores de Republicanos y Libertarios.
Patricio Zapata, quien cuenta con una amplia trayectoria en procesos similares tras haber defendido previamente a figuras como Yasna Provoste y Carmen Castillo, además de oponerse a libelos contra Harald Beyer, Marcela Cubillos, Rodrigo Hinzpeter y Emilio Santelices, planteó una postura crítica respecto a la utilidad de este mecanismo judicial.
El debate sobre los límites de la herramienta constitucional
El jurista sostiene que el problema excede este caso particular. Según su análisis, el país ha experimentado en la última década un aumento desmedido de acusaciones constitucionales, las cuales mayoritariamente han terminado sin éxito. Zapata argumenta que existe una tendencia a utilizar este recurso excepcional para zanjar diferencias técnicas o políticas que deberían resolverse mediante otros canales institucionales.
Respecto a las críticas sobre un supuesto «maquillaje» de cifras fiscales, Patricio Zapata aclaró que dicha afirmación no figura en el texto formal del documento. De acuerdo con el abogado, la controversia se centra en proyecciones sobre variables económicas futuras y no en una alteración deliberada de datos:
Creo que hemos tenido como país en los últimos diez años un enorme número de acusaciones constitucionales y casi todas ellas han terminado siendo desestimadas. Aquí no hay nada de eso. Aquí hay una discusión sobre los supuestos bajo los cuales se proyecta el futuro.
El precedente para futuros ministros de Hacienda
Uno de los puntos clave en la defensa será el argumento de la alternancia en el poder como forma de resolución ciudadana. Para Zapata, el electorado ya emitió su veredicto al no respaldar a la coalición que gobernaba anteriormente, lo que convierte al proceso actual en algo innecesario. «Tuvimos alternancia. La opinión pública no reeligió a la coalición que gobernaba y eligió una nueva coalición. El castigo político ocurrió», sentenció.
El abogado advirtió sobre el peligro que implica normalizar estas acusaciones. Si el Congreso legitima remover ministros por discrepancias en estimaciones económicas, se abriría un precedente riesgoso para cualquier futuro titular de Hacienda. Según plantea, ¿cómo podrán defenderse si se les acusa por proyecciones que resulten inconsistentes o poco convincentes para un grupo de diputados?
Actualmente, la comisión revisora se encuentra definiendo su calendario de trabajo. La defensa, por su parte, adelantó que presentará sus descargos antes de que finalice el plazo legal, manteniendo un tono estrictamente jurídico, respetuoso y alejado de las descalificaciones personales. El foco será demostrar que, para que exista una acusación, debe acreditarse una vulneración concreta a la ley o a la Constitución, más allá de simples diferencias de opinión sobre proyecciones económicas.
