En una reciente entrevista con Radio Pauta, el ministro de Vivienda, Iván Poduje, arremetió contra la administración anterior al señalar directamente al exministro de Hacienda, Nicolás Grau, como el responsable de un recorte de 20 mil subsidios habitacionales destinados a familias vulnerables. Según el secretario de Estado, esta medida fue tomada con la intención deliberada de “perjudicar” al actual gobierno, provocando lo que calificó como consecuencias “desastrosas” para el acceso a la vivienda en el país.
El impacto del recorte en los subsidios DS49
El conflicto central gira en torno al programa DS49, orientado a familias de menores ingresos. De acuerdo con Poduje, el ajuste fiscal ejecutado a inicios de año redujo a la mitad el universo de beneficios, pasando de un horizonte de 40 mil cupos proyectados para 2026 a solo la mitad. “El principal costo que nosotros tuvimos fue heredado por el ministro Grau, que nos recortó la mitad de los subsidios de los segmentos vulnerables para este año”, aseguró el titular del Minvu.
Cabe recordar que, ante las críticas surgidas en marzo, el Ministerio de Vivienda había emitido un comunicado aclarando que la Dirección de Presupuestos (Dipres) autorizó inicialmente 19.587 subsidios para 2026. La cartera sostuvo en ese momento que existía espacio legal para alcanzar los 40 mil beneficios comprometidos con el Congreso, destacando además que el Plan de Emergencia Habitacional mantenía cerca de 60 mil viviendas DS49 en ejecución.
Críticas a la gestión de tomas y desalojos
Más allá de lo presupuestario, Poduje cuestionó duramente lo que denominó una “romantización” de las tomas de terreno durante el gobierno del expresidente Gabriel Boric. El ministro criticó la postura de la exministra del Interior, Carolina Tohá, frente a la Ley de Usurpaciones, calificando como una “brutalidad” su propuesta de sentar en una misma mesa a propietarios y ocupantes. El secretario de Estado fue tajante al señalar que en muchos casos se trata de una “industria de venta de tierra robada” con participación de crimen organizado.
“No hubo ninguna explicación consistente, y a mí me hace pensar que este señor lo hizo con el afán de perjudicar al nuevo gobierno, y eso es fatal”, sentenció Poduje sobre el actuar de Nicolás Grau.
Sobre el exministro Carlos Montes, el actual jefe de cartera marcó distancias, admitiendo reparos en el manejo de la reconstrucción, pero insistiendo en que el golpe financiero provino de Teatinos 120. Asimismo, Poduje fustigó la compra de terrenos tomados en San Antonio por parte de la administración anterior, valorada en 11 mil millones de pesos, señalando que esta acción postergó a 4 mil familias que esperaban su vivienda de manera regular.
Hoy, el enfoque del Ministerio de Vivienda ha dado un giro radical. Con la implementación de una política activa de desalojos coordinada con las carteras de Interior y Bienes Nacionales, el gobierno se prepara para intervenir puntos críticos como la toma de Centinela. La gran interrogante que queda abierta es si este nuevo rigor administrativo bastará para reparar el déficit de gestión y confianza arrastrado por la política habitacional de los últimos años.
