El diputado Alejandro Riquelme Ducci, militante del Partido Republicano, se encuentra bajo el foco de la justicia tras ser vinculado a una investigación por un presunto subsidio habitacional irregular. El parlamentario salió al paso de las denuncias que señalan que su expareja habría omitido información clave para adjudicarse este beneficio estatal, destinado originalmente a familias vulnerables.
Ante la controversia, el diputado aseguró que las acusaciones sobre el supuesto fraude son antecedentes “falsos”. Según su versión, el proceso de postulación se realizó durante el año 2022 bajo la evaluación de una asistente social del Serviu, en un momento en que, asegura, no mantenía un vínculo de convivencia con la beneficiaria.
Sobre el subsidio cuestionado, la información disponible indica que: se accedió al subsidio de acuerdo con la evaluación realizada por la asistente social de la entidad patrocinante encargada por Serviu, durante el año 2022. Cuando mi expareja postuló al subsidio: estábamos separados y sin convivencia.
Contexto de la denuncia y cifras millonarias
La polémica surge a partir de una denuncia interpuesta por el propio Serviu. De acuerdo con el oficio, la pareja del diputado habría ocultado su vínculo sentimental y su situación socioeconómica para acceder al beneficio, simulando estar en condiciones de “déficit habitacional alto” y “hacinamiento”.
El documento también revela que ambos mantienen una relación comercial activa, registrando al menos cuatro sociedades en común. Más aún, se detalla que una de las firmas vinculadas a ellos ha obtenido contratos y convenios con organismos del Estado por un monto total de 1.096 millones de pesos, contabilizados entre los años 2007 y 2025. El diputado sostiene que el proyecto habitacional en cuestión deriva de un convenio firmado en 2021, periodo previo a que él asumiera su rol como autoridad regional.
Defensa y próximos pasos
Frente a la investigación que lleva adelante la Fiscalía, el legislador ha manifestado su disposición para colaborar con el Ministerio Público y cualquier entidad que requiera información. Riquelme enfatizó su “apego irrestricto a la ley” y descartó cualquier participación en delitos o irregularidades administrativas.
El parlamentario cerró su declaración cuestionando la imparcialidad del proceso actual, señalando que en su caso no se han respetado la presunción de inocencia ni la igualdad ante la ley. Mientras la Fiscalía continúa recopilando antecedentes, el caso sigue abierto y se espera que las diligencias esclarezcan si existió una omisión deliberada de información para obtener fondos públicos de manera indebida.