Condenas sin cárcel para exdetectives
La justicia chilena marcó un precedente en la denominada Operación Imperio, tras la condena de dos exfuncionarios de la Policía de Investigaciones (PDI) involucrados en una red de delitos económicos. Pese a la gravedad de los ilícitos, que incluyeron cohecho, lavado de activos y fraude, los efectivos Juan Augusto Carrasco Hernández y Wladimir Ulises Cáceres Soto no cumplirán penas efectivas de cárcel tras ser beneficiados con la libertad vigilada intensiva por el Tribunal de Garantía de Temuco.
El rol de los exfuncionarios en la red criminal
Según detalló el fiscal Luis Torres, encargado de la investigación, el entramado delictual era liderado por los hermanos Martínez. El rol de Juan Carrasco Hernández fue clave, ya que actuaba como informante dentro de la policía, alertando a la organización sobre las indagatorias que el Ministerio Público y la propia PDI realizaban en su contra.
El modus operandi también incluía una arista de seguros: los funcionarios elaboraban partes policiales falsos para estafar a las compañías aseguradoras. De esta manera, obtenían dinero ilícito y, simultáneamente, se apropiaban de vehículos para su posterior venta irregular. Tras aceptar los hechos en un juicio abreviado, la jueza Viviana García dictó las sentencias correspondientes.
Detalle de las penas otorgadas
Las condenas fueron fragmentadas por la multiplicidad de delitos cometidos por los exfuncionarios:
- Juan Carrasco Hernández: 3 años y 1 día por cohecho, 100 días por fraude de seguros, 301 días por vulneración de secreto y 61 días por tenencia ilegal de municiones.
- Wladimir Ulises Cáceres Soto: 3 años y 1 día por cohecho, 541 días por falsificación de instrumento público, 61 días por fraude de seguros, 61 días por obstrucción a la investigación y 61 días por faltar a la verdad en informes policiales.
La jueza Viviana García otorgó a ambos el beneficio de libertad condicional intensiva. Cabe recordar que, durante la Operación Imperio, el Ministerio Público logró incautar bienes valorados en más de 3 mil millones de pesos, incluyendo vehículos de lujo, inmuebles y joyas.
¿Qué ocurrirá con los implicados?
Desde la institución policial confirmaron que Juan Carrasco Hernández y Wladimir Ulises Cáceres Soto ya no forman parte de las filas de la PDI. Actualmente, la institución mantiene sumarios administrativos vigentes para determinar responsabilidades internas adicionales. La gran interrogante que queda abierta para la ciudadanía es si el sistema judicial es suficientemente riguroso ante la corrupción dentro de las fuerzas de seguridad, dado que el beneficio de libertad otorgado permite que, a pesar de las condenas, ninguno de los implicados pise la cárcel.
