La Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputadas y Diputados dio un paso decisivo en la lucha contra el crimen organizado al aprobar, de manera unánime, un proyecto de ley destinado a robustecer la prevención del lavado de activos en el país. La iniciativa, que busca integrar a nuevos actores al sistema de control, obliga a diversas empresas a reportar cualquier operación sospechosa directamente ante la Unidad de Análisis Financiero (UAF).
El texto legal, impulsado originalmente por la bancada del Partido Republicano hace más de dos años, tiene como objetivo central ejercer un control más estricto sobre la cadena logística portuaria. Según los fundamentos del proyecto, esto resulta vital para frenar tanto el comercio informal como el avance de redes ilícitas que utilizan los servicios de transporte y puertos para el ingreso y distribución de mercancías irregulares.
Nuevos sujetos obligados y fiscalización
La normativa expande el universo de entidades vigiladas. Ahora, las empresas de carga aérea, marítima y terrestre, junto a las firmas dedicadas al transporte internacional, deberán cumplir con los reportes. Con este cambio, el sector logístico se suma al esquema preventivo que ya aplican bancos, casas de cambio, notarías y corredoras de propiedades.
La presidenta de la instancia, la diputada de Demócratas, Joanna Pérez, subrayó la importancia de la colaboración de Aduanas en este proceso.
“Esto es un servicio clave contra el crimen organizado y muchas de las cosas que se venden y que ven los alcaldes en las calles, y que es de manera ilegal o irregular, también ingresan por la Aduana. Creo que ahí hay un tema no menor, porque el servicio tiene desafíos enormes”
, enfatizó la parlamentaria.
El rol de Aduanas y las garantías legales
Por su parte, la directora del Servicio Nacional de Aduanas, Alejandra Arriaza, respaldó la medida destacando el rol actual de los agentes de aduana como ministros de fe en las operaciones de comercio exterior. Arriaza recordó que estos profesionales ya cuentan con una delegación de facultades públicas, lo que facilita su integración a este nuevo sistema de reporte reforzado.
Para asegurar la efectividad de la ley, se establecen las siguientes condiciones operativas:
- Cada entidad deberá nombrar a un encargado oficial para gestionar la relación con la UAF.
- Ninguna cláusula de reserva o secreto podrá ser utilizada como excusa para omitir la entrega de información ante una operación sospechosa.
- Se otorga una exención de responsabilidad legal para todas aquellas entidades que entreguen información de buena fe, incentivando así la transparencia y el reporte oportuno.
Tras este respaldo parlamentario, el proyecto continúa su trámite legislativo con el desafío de implementar un sistema que integre a la cadena logística al engranaje preventivo contra el crimen organizado, una medida que los municipios y las autoridades esperan sea una herramienta clave para limpiar las calles de comercio ilícito.
