Este viernes marcará un hito en el proceso de reconstrucción tras el megaincendio de 2024, con el inicio de la demolición de las primeras cuatro viviendas en el sector El Olivar, en la región de Valparaíso. La intervención forma parte de un polémico plan que contempla un total de 56 casas que presentan diversas observaciones estructurales.
El delegado presidencial regional, Manuel Millones, informó que los trabajos se ejecutarán durante la mañana bajo estrictas medidas de coordinación con Carabineros para asegurar el perímetro. Según la autoridad, este procedimiento cuenta con la autorización explícita de las familias propietarias afectadas.
La justificación técnica de la Delegación Presidencial
Respecto a la legalidad de esta maniobra, Millones aclaró que no se requiere tramitar permisos específicos ante la Dirección de Obras Municipales de Viña del Mar. El argumento central radica en que, al tratarse de propiedades que no han sido recepcionadas ni terminadas, la facultad recae en el mandante —en este caso el Minvu— para solicitar a las constructoras el retiro o demolición de los inmuebles.
El delegado precisó: “Lo conversamos con la Dirección de Obras, cuando una vivienda no está recepcionada, no está terminada, no se requiere un permiso de demolición, sino que el mandante, en este caso el Minvu, puede pedirle a esa constructora que retire parte o de muela la propiedad”.
Críticas de Social Arquitectura
Desde la vereda opuesta, la entidad patrocinante Social Arquitectura ha alzado la voz contra el procedimiento. La abogada Erika Maira calificó el operativo como “lo más antijurídico que hemos visto en mucho tiempo”, acusando directamente al ministro de Vivienda, Iván Poduje, de orquestar la demolición de casas que, según sostiene, mantienen un 21% de avance constructivo.
La defensa de Social Arquitectura argumenta que las viviendas no presentan las fallas estructurales detalladas por la Dirección Técnica del Minvu y el Idiem de la Universidad de Chile. Maira fue enfática al señalar que este escenario fue “fabricado” por autoridades estatales mediante la revocación de convenios marco, insistiendo en que las observaciones debieron ser corregidas por los contratistas en lugar de proceder a la destrucción de los inmuebles.
Mientras se concretan estas primeras cuatro demoliciones, el proceso completo de las 56 viviendas observadas en El Olivar permanece bajo la lupa técnica y legal, dejando en incertidumbre el futuro habitacional de las familias restantes y la viabilidad de la reconstrucción en la zona afectada por la catástrofe.
