El senador por la región de Los Lagos, Fidel Espinoza (PS), formalizó una presentación ante la Contraloría General de la República (CGR) con el objetivo de que se auditen posibles conflictos de interés vinculados a la tramitación de la Ley Uber, oficialmente denominada Ley EAT (Empresas de Aplicaciones de Transporte). La controversia surge tras la reciente relación entre el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz (quien supervisa la cartera donde se desempeña Louis De Grange), y las plataformas de movilidad digital.
¿Por qué existe tanta tensión en torno a esta modificación legal? La preocupación del parlamentario socialista se centra en los antecedentes académicos del exdecano Louis De Grange. Durante el año 2023, mientras ejercía como académico, el actual personero lideró investigaciones sobre la normativa de aplicaciones de transporte que recibieron financiamiento directo por parte de la empresa Uber.
Tensión por los autos «city car»
El conflicto escaló luego de que el Gobierno propusiera cambios al decreto supremo 212, normativa que regula las condiciones de los servicios de transporte público en Chile. La propuesta del Ejecutivo busca permitir que vehículos tipo «city car» puedan operar dentro de la oferta de transporte de pasajeros mediante estas aplicaciones, una medida que ha sido calificada como regresiva por los gremios de taxistas.
La respuesta en las calles fue inmediata: durante la jornada del lunes, gremios de taxistas de diversas partes del país realizaron manifestaciones masivas rechazando la inclusión de estos vehículos pequeños en la regulación. Los conductores argumentan que esta flexibilización altera las reglas del juego establecidas previamente en la Ley EAT.
El futuro de la Ley EAT
Aunque la Ley EAT ya fue aprobada por el Congreso, el proceso para su entrada en vigor dependía exclusivamente de la oficialización de su reglamento técnico. Sin embargo, las nuevas modificaciones impulsadas desde el Ejecutivo han generado un retraso evidente en su puesta en marcha, alimentando las dudas parlamentarias sobre si estos cambios obedecen a un interés público o a presiones de actores privados.
Actualmente, la pelota está en la cancha de la Contraloría, organismo que deberá determinar si los vínculos pasados del ministro y su equipo actual con empresas como Uber suponen una falta administrativa o un conflicto de interés ético en la redacción de esta nueva normativa. Mientras tanto, la incertidumbre se mantiene entre los usuarios, conductores y la industria del transporte nacional.
