La Corporación Municipal de Panguipulli, ubicada en la región de Los Ríos, se encuentra envuelta en una compleja situación judicial debido a una millonaria deuda previsional con AFP Hábitat que se arrastra desde 2014. El caso, que afecta a al menos 10 trabajadores de la comuna, ha escalado tras diversas resoluciones y órdenes de embargo en los tribunales locales.
El origen de la deuda y procesos judiciales
Según antecedentes recabados, la disputa comenzó en abril de 2017, cuando AFP Hábitat emitió una resolución por más de $2.450.000 en cotizaciones no pagadas correspondientes al periodo 2014-2016. Ante la falta de resolución, en agosto de 2018, el Juzgado de Panguipulli decretó una orden de embargo contra la corporación.
La situación se tornó más compleja en 2019, cuando la Tesorería General de la República retuvo recursos por devoluciones de impuestos para abonar parcialmente a la deuda. Sin embargo, ese mismo año se inició un nuevo proceso legal por cotizaciones adicionales impagas bajo la administración del entonces alcalde Rodrigo Valdivia. Por esta razón, la parte demandante solicitó acumular ambos procesos, elevando el monto reclamado a más de 10 millones de pesos, lo que derivó en una nueva orden de embargo.
La reacción de los trabajadores y el municipio
El impacto directo ha llegado a los empleados, quienes recientemente fueron notificados por AFP Hábitat sobre el estado de la causa judicial. Orlando Romero, representante de la Confederación de Funcionarios de Salud Municipal de Panguipulli, calificó el hecho como “muy grave” y recordó antecedentes similares ocurridos en 2005.
“Esto no es nuevo, esto sucedió el año 2005. Hicimos una paralización, intervino el Servicio de Salud Valdivia y se recortó también el per cápita que se ingresaba a salud por deudas previsionales. Es muy grave lo que está sucediendo, más aún con casi 10 años de que no se ha cancelado esta deuda previsional a algunos trabajadores de salud de la comuna de Panguipulli. Nosotros vamos a poner todos estos antecedentes ante la Contraloría y ante el Consejo de Defensa del Estado también”
Ante la gravedad de las acusaciones, desde el municipio de Panguipulli señalaron que desconocían estos hechos. Por ello, la administración actual se encuentra recopilando los antecedentes necesarios para determinar una postura oficial, mientras que el estudio jurídico Orpro, representante de AFP Hábitat, declinó realizar declaraciones sobre el proceso. Los gremios, por su parte, mantienen la firme intención de acudir a organismos fiscalizadores como la Contraloría para esclarecer por qué estos pagos han permanecido pendientes durante una década.
