La ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, instó a la ciudadanía a percibir los recientes reajustes presupuestarios en los ministerios como una «buena noticia». Según la secretaria de Estado, estas medidas responden exclusivamente a criterios de responsabilidad fiscal y eficiencia en la administración de los fondos públicos.
En una entrevista con Radio Duna, la autoridad envió un mensaje de tranquilidad a los ciudadanos al afirmar que «no se afecta a los beneficios sociales». De acuerdo con Wulf, priorizar la sostenibilidad financiera en el mediano y largo plazo es fundamental para garantizar la continuidad de los apoyos entregados por el Estado.
¿Por qué el Gobierno ajusta el presupuesto?
La ministra reconoció que este ejercicio de racionalización del gasto representa un desafío comunicacional. «A veces se ven titulares que dan una señal, pero en realidad detrás de eso hay una responsabilidad con los recursos de todos los chilenos, que se pueden gastar mejor y también pueden generar mejor impacto en la vida de las personas», sostuvo la titular de la cartera.
Para implementar estos cambios, el Ejecutivo realizó un proceso de revisión exhaustiva desde su llegada al gobierno. La ministra detalló que sostuvo diversas reuniones con el equipo interno de la Dipres y con el ministro Jorge Quiroz, donde el objetivo central fue identificar ineficiencias, duplicidades y optimizar las ejecuciones presupuestarias sin perjudicar los programas sociales.
Aclaración sobre la PGU
Ante las dudas surgidas sobre una posible reducción en la Pensión Garantizada Universal (PGU), Wulf fue categórica al descartar medidas concretas en esa dirección. La secretaria de Estado aclaró que cualquier cifra que se haya deslizado anteriormente es «simplemente una estimación» y no constituye una política pública implementada por su administración.
Por ahora, el Ejecutivo mantiene el discurso de mantener el equilibrio fiscal mientras intenta despejar las dudas sobre los montos proyectados en los beneficios. La clave de esta gestión será demostrar en la práctica, mediante la ejecución presupuestaria venidera, que el impacto en la calidad de vida de las personas se mantiene intacto pese a los recortes anunciados.
