La ministra de Salud, May Chomali, se distanció públicamente de la actual propuesta gubernamental que busca que instituciones como hospitales, consultorios, colegios y jardines infantiles reporten a migrantes irregulares para facilitar su expulsión. La autoridad ministerial expresó su profunda preocupación ante la medida impulsada originalmente por el subsecretario del Interior, Máximo Pavez.
La iniciativa pretende obligar a diversos organismos, incluyendo Fonasa, Isapres y AFP, a entregar antecedentes al Servicio Nacional de Migraciones. Sin embargo, la titular de la cartera de Salud fue enfática al señalar en Radio 13c que dicha política vulnera principios fundamentales del sistema sanitario chileno.
Defensa del Código Sanitario
Durante su intervención, Chomali subrayó que el Ministerio de Salud tiene impedimentos legales para colaborar con esta medida. “Nosotros no podemos, desde el Ministerio de Salud, informar de esos temas porque esa es información que se está entregando en el contexto de una atención sanitaria”, sostuvo, recordando que el Código Sanitario y la ley de deberes y derechos de los pacientes protegen esta confidencialidad.
Nosotros no podemos desde Salud negar una atención porque no solamente ponemos en riesgo la vida de esa persona, sino que también ponemos en riesgo la vida del resto de la población. Un niño migrante irregular no vacunado es un riesgo de muerte para ese niño, pero también es un riesgo de contagio para otros niños chilenos.
La ministra argumentó que negar asistencia médica no solo representa un riesgo humanitario, sino también un problema de salud pública generalizada. Según su postura, la falta de vacunación o control médico en cualquier individuo residente en el país impacta en la seguridad sanitaria de toda la comunidad nacional.
Discusión interna en el Comité de Ministros
Respecto a la viabilidad de la propuesta del Ejecutivo, Chomali reveló que el tema ha sido objeto de debate dentro del Comité de Ministros. Según la secretaria de Estado, existe un consenso preliminar en la instancia sobre la imposibilidad de aplicar dicha normativa si esta contraviene la ley vigente.
“Yo no sé cómo calificarlo, creo que puede haber ahí alguna… hay que conversarlo en la interna, pero esto es algo que ya lo habíamos conversado en el contexto de los Consejos de Ministros y es algo que nosotros no podemos ir en contra de la ley”, sentenció la autoridad. Actualmente, la tensión persiste ante la necesidad del gobierno de articular sus políticas migratorias sin desmantelar los protocolos de salud pública establecidos.
