Un importante operativo contra la TV pirata fue ejecutado por la Brigada Investigadora de Delitos de Propiedad Intelectual (Bridepi) de la PDI, logrando la incautación de diversos decodificadores que prometían acceso ilimitado a canales premium. El procedimiento se concentró en el barrio Meiggs de Santiago, extendiéndose además hacia domicilios particulares en las comunas de Ñuñoa, La Granja y Quinta Normal.
Esta ofensiva policial responde a una querella interpuesta formalmente por las empresas VTR y Claro. La acción legal busca frenar la comercialización no autorizada de dispositivos que vulneran los derechos de difusión y transmisión, generando un impacto económico directo en la industria y en los ingresos fiscales del Estado.
Detalles del fraude y diferencias de costos
¿Qué ofrecían exactamente estos dispositivos ilegales? Según la investigación, los aparatos se comercializaban por un precio único de $20 mil, cifra que incluía el acceso a una amplia parrilla de canales internacionales y nacionales de pago por el periodo completo de un año.
La disparidad de precios frente al mercado formal es evidente. Mientras que los servicios de televisión pagada autorizados por las empresas de telecomunicaciones en Chile fluctúan mensualmente entre los $30 mil y $50 mil, esta modalidad de piratería ofrecía una oferta significativamente más económica pero carente de legalidad.
La subprefecta Lorena Fernández, jefa de la Bridepi, señaló: “Ellos en lo primordial señalan que los imputados están vendiendo decodificadores de señal pagada sin el debido derecho y autorización de difusión y transmisión. Es una pérdida grande tanto para el Estado, como para las empresas que representan la televisión pagada en Chile”.
Estado actual de la investigación
El operativo, que busca desbaratar esta red de distribución, se mantiene en pleno desarrollo durante esta jornada. Si bien las autoridades han confirmado la existencia de varios detenidos, el número exacto de personas puestas a disposición de la justicia no ha sido revelado, ya que las diligencias siguen en curso en los distintos puntos allanados.
¿Continuarán estas fiscalizaciones en otros barrios comerciales del país? Dado el alcance del perjuicio económico reportado por las compañías del sector, se espera que las autoridades intensifiquen los controles sobre la venta de tecnología destinada a la vulneración de señales, advirtiendo sobre las responsabilidades legales que enfrentan tanto vendedores como quienes optan por estos servicios informales.
