Tensión en el Ejecutivo por reporte de migrantes
La ministra de Salud, May Chomali, ha manifestado una evidente preocupación respecto a la reciente indicación que exige a los establecimientos de salud y recintos educacionales informar sobre la presencia de migrantes en situación irregular. A pesar de que esta medida fue impulsada originalmente por el propio Ejecutivo, la secretaria de Estado enfatizó en una entrevista con Radio 13c que su cartera no puede informar sobre estos temas.
Chomali fue enfática al señalar que la información obtenida durante una atención médica está protegida legalmente. «Esa es información que se está entregando en el contexto de una atención sanitaria y eso está resguardado por el Código Sanitario y por la Ley de Deberes y Derechos de los pacientes. Eso lo vamos a defender absolutamente», aseveró la ministra.
El conflicto con el Código Sanitario
La postura de la autoridad es clara: el Ministerio de Salud no puede negar la atención a las personas. De acuerdo con lo declarado por la jefa de la cartera, el objetivo actual es revisar cómo esta indicación se alinea con las demás políticas gubernamentales. Chomali reiteró que no pueden ir en contra de las normativas vigentes que garantizan la atención de salud sin discriminación, independiente del estatus migratorio.
La situación genera ruido político, especialmente tras la mención de la ministra Steinert, quien aseguró que no esperaba la exigencia del Congreso respecto a un plan de seguridad estructurado. Todo esto ocurre bajo el marco de una medida que cuenta con el respaldo del Presidente José Antonio Kast.
Aclaraciones desde Interior
Ante la polémica, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, salió a matizar el alcance de la norma. Según el personero, la entrega de datos a organismos como la PDI o el Departamento de Extranjería y Migración solo se activará «cuando se verifica un proceso de expulsión».
Pavez sostuvo que el requerimiento es exclusivamente «para hacerle las notificaciones respectivas», descartando que exista una política de denuncia sistemática. «Aquí no hay una obligación de reporte ni de denuncia», aclaró el subsecretario ante los reparos surgidos desde el ámbito sanitario, buscando descomprimir la tensión entre las distintas carteras del Gobierno.
