La reciente polémica en torno al reporte de migrantes irregulares en centros de salud ha escalado hasta el corazón de La Moneda. Ante la preocupación manifestada por la ministra de Salud, May Chomali, sobre la posibilidad de que recintos médicos deban denunciar a pacientes migrantes, el Gobierno salió rápidamente a cerrar filas para evitar interpretaciones de una supuesta ruptura interna.
La postura del Ejecutivo ante la preocupación de Salud
La ministra Chomali había expresado anteriormente su inquietud respecto a una indicación que obligaría a instituciones de educación, salud y previsionales a entregar información sensible, tales como direcciones, números de teléfono y correos electrónicos de personas con ingreso irregular en Chile. La titular de Salud advirtió que estos datos están bajo el amparo estricto del Código Sanitario y la Ley de Deberes y Derechos de los Pacientes.
Ante estos reparos, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, fue enfático al declarar que «no hay descoordinación» dentro del gabinete. Según Pavez, nunca fue la intención del Gobierno convertir al sistema sanitario en un organismo de denuncia. «Acá no existe en el texto, nunca ha estado en el texto ni en la intención del Gobierno ninguna obligación que se parezca a un reporte o denuncia, porque eso no está en el espíritu de la ley», recalcó el subsecretario.
Alcances de la indicación migratoria
Pavez aclaró que el objetivo de la medida es puramente procedimental. Explicó que la indicación permite que el organismo correspondiente pueda oficiar la obtención de antecedentes solo cuando exista un procedimiento migratorio en curso, con el fin exclusivo de ubicar a dichas personas. «Las instituciones permanentemente le entregan información a las policías en múltiples procedimientos, acá solamente estamos agregándole esa facultad que ya existe, para los fines migratorios», precisó.
En la misma línea, el ministro del Interior, Claudio Alvarado, restó dramatismo a la postura de la ministra de Salud. El secretario de Estado sostuvo que el tema «no es materia de preocupación en los términos que lo plantea la señora ministra». Alvarado concluyó que la normativa no busca inmiscuirse en la ley de protección al paciente, sino solicitar información técnica dentro de los nuevos marcos jurídicos vigentes para el control migratorio en el país.
