El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, salió este viernes al paso de la polémica generada por la indicación del Ejecutivo al proyecto que perfecciona las expulsiones administrativas. La controversia surgió ante las dudas sobre si la iniciativa obligaría a organismos públicos y privados a informar sobre extranjeros en situación irregular, especialmente tras los reparos de la ministra de Salud, May Chomalí, respecto al acceso a datos protegidos.
La preocupación se centra en si el proyecto afectaría la Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes. Ante esto, Pavez fue enfático en señalar que existe una “mala comprensión” de la propuesta y negó tajantemente que el Gobierno pretenda establecer un mecanismo de denuncia o vulnerar las garantías legales vigentes en áreas como la salud, la educación o la previsión.
¿Qué busca realmente la indicación migratoria?
El subsecretario detalló que la medida no impone nuevas obligaciones de reporte para los funcionarios. Según sus palabras, el objetivo es puramente operativo para facilitar la ubicación de personas que ya enfrentan un proceso migratorio activo. Al respecto, Pavez sostuvo:
“Lo único que propone la indicación es que, habiendo un procedimiento en el marco de la ley migratoria —ya sea para sancionar o para expulsar—, la autoridad migratoria respectiva pueda contar con información para poder ejecutar esos procedimientos”.
Pavez insistió en que el texto no contiene ninguna cláusula que obligue a realizar denuncias. La dificultad principal, explicó, radica en que tras las notificaciones de expulsión, muchas veces las autoridades pierden el rastro de los involucrados. Por ello, el Servicio Nacional de Migraciones o la Policía de Investigaciones (PDI) podrían solicitar antecedentes acotados cuando exista un procedimiento administrativo en curso.
La postura del Gobierno y la Ley de Derechos del Paciente
Respecto a la presunta descoordinación con el Ministerio de Salud, el subsecretario descartó cualquier conflicto. “Los derechos y deberes de los pacientes no se van a tocar. Y en ese sentido no hay ninguna descoordinación”, aseguró, comparando este mecanismo con la interoperabilidad que ya utilizan las policías para fines de persecución penal.
En la misma línea, el ministro del Interior, Claudio Alvarado, restó importancia a las críticas. “No es materia de preocupación en los términos que lo plantea la señora ministra de Salud”, afirmó. Alvarado sostuvo que la propuesta se limita a adecuar la normativa a los nuevos marcos jurídicos sobre protección de datos y facultades del Servicio Nacional de Migraciones.
Mientras el Gobierno intenta aclarar los alcances de la indicación, el debate parlamentario continuará siendo observado de cerca. La gran pregunta es si estas aclaraciones serán suficientes para calmar los temores en los sectores de salud y educación sobre el uso de los datos personales en los procesos de expulsión.
