El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) debe entregar durante este viernes un informe técnico determinante sobre las familias que podrían acceder al proyecto habitacional emplazado en los terrenos expropiados de la Megatoma de San Antonio. Este documento es clave, según la Delegación Presidencial de Valparaíso, para establecer cuántos sitios desocupados quedan en el terreno fiscal y proceder con el plan de desalojo.
Tensión por el desalojo en el Cerro Centinela
Mientras se espera la respuesta ministerial, la inmobiliaria y constructora San Antonio S.A. mantiene una postura crítica frente al Gobierno. A través de un escrito presentado ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso, la firma denunció un supuesto desacato por parte del Estado tras la suspensión de los desalojos en la toma del Cerro Centinela. El abogado Diego Pereira-Fonfach, representante de la constructora, emplazó a la administración del presidente José Antonio Kast por la paralización del proceso judicial desde el pasado 11 de marzo, lamentando dos meses sin avances.
El recurso legal solicita actualizar formalmente los antecedentes ante la Municipalidad de San Antonio, el Ministerio del Interior, el Minvu, el Ministerio de Bienes Nacionales y el Ministerio de Desarrollo Social. En concreto, la inmobiliaria exige un calendario detallado de las denominadas avanzadas sociales, el ingreso de maquinaria, los planos de expropiación y las zonas de desocupación definidas por el Serviu de la región de Valparaíso.
Críticas a la inacción gubernamental
El concejal de San Antonio, Alexis Lizama, calificó la gestión actual como “preocupante”. Según el edil, existe una incertidumbre profunda en la comunidad local ante la falta de celeridad:
Lamento la demora, lamento el retraso que se está generando en esto. Y es la preocupación que tiene hoy día la comunidad misma, digamos, que qué está pasando, si se había ya dado inicio a algo que era muy esperado por parte de la comunidad y que hoy esté generando este retraso es bastante preocupante, porque esto ya se maneja a nivel de Gobierno.
Por su parte, el delegado presidencial Manuel Millones defendió la postura del Ejecutivo, asegurando que existe un compromiso con el Minvu para clarificar la situación de las 29 hectáreas que restan por intervenir y devolver a sus propietarios. “El día de mañana (hoy viernes) se fijó como fecha de parte del Ministerio de Vivienda de entregarnos el catastro de cuántos sitios desocupados quedan aún en el terreno fiscal que fue el expropiado”, señaló Millones. Con estos datos, la autoridad pretende programar la continuidad de los procedimientos en terreno.
La inmobiliaria, sin embargo, sostiene que sus intentos de diálogo han sido ignorados, mencionando que han solicitado reuniones bajo la Ley de Lobby ante la Delegación Presidencial Regional, las cuales no han sido atendidas a la fecha. El desenlace de este conflicto depende ahora de la información que entregue el Minvu este viernes, la cual marcará si el proceso de desalojo logra retomar su curso tras meses de inactividad judicial y administrativa.
