La ministra en visita extraordinaria de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Marianela Cifuentes, dictó una acusación contra dos oficiales de Carabineros en retiro por su responsabilidad directa en el delito de secuestro calificado contra cinco personas. Los hechos se remontan al 13 de enero de 1985, en plena dictadura militar, específicamente en la localidad de San Gabriel, dentro de la comuna del Cajón del Maipo.
¿Quiénes fueron los afectados y bajo qué contexto fueron capturados? Según la investigación judicial, los cinco detenidos eran militantes del MAPU. Fueron interceptados por personal de la 30° Comisaría de Radiopatrullas en una capilla del sector, bajo el argumento de que mantenían actitudes sospechosas. Tras su captura, fueron trasladados primero al Retén de Carabineros San Gabriel y luego a la Subcomisaría de Carabineros San José de Maipo.
El rol de la DICOMCAR y el ocultamiento de información
A pesar de no existir cargos ni fundamentos legales para su detención, los cinco ciudadanos fueron entregados a efectivos de la Dirección de Informaciones y Comunicaciones de Carabineros (DICOMCAR). Para encubrir la operación, el Libro de Novedades de la Guardia registró falsamente que los individuos habían sido liberados a las 20:45 horas de aquel mismo día.
Las víctimas fueron trasladadas a un cuartel en la calle Dieciocho, en Santiago, donde permanecieron en cautiverio ilegal hasta el 17 de enero de 1985. Durante este periodo, los ex uniformados H.E.D.A. y P.A.Z.R. los sometieron de forma constante a interrogatorios acompañados de severos apremios físicos y psicológicos.
Los detenidos sufrieron golpes, descargas eléctricas, desnudamiento y constantes amenazas por parte de los uniformados en retiro, quienes buscaban obtener confesiones sobre supuestas actividades ilícitas y tenencia de armas.
Para intentar justificar la detención, los agentes trasladaron a los afectados a la 18.ª Comisaría de Carabineros de Ñuñoa. Allí, informaron falsamente que los sujetos habían sido capturados a la 01:00 horas portando armas y vinculados al aparato militar del MAPU-LAUTARO. La investigación de la ministra Cifuentes ratificó que las víctimas nunca fueron sorprendidas con armamento ni explosivos.
Actualmente, la causa sigue su curso en los tribunales de justicia, donde la magistrada ha formalizado la acusación contra H.E.D.A. y P.A.Z.R. por el delito de secuestro calificado en grado consumado. Se espera que en las próximas etapas procesales se definan las sentencias definitivas para ambos exfuncionarios, marcando un hito en la persecución de violaciones a los derechos humanos ocurridas durante aquel periodo.
