La Tesorería General de la República (TGR) en la región de Los Lagos ha puesto en marcha un complejo plan de cobranza coactiva que suma más de 2.600 demandas destinadas a recuperar los fondos del Crédito con Aval del Estado (CAE). Esta ofensiva judicial incluye medidas drásticas como el congelamiento de cuentas corrientes y el embargo de bienes para enfrentar una morosidad que alcanza cifras históricas en la zona.
El impacto financiero es masivo: la deuda total por el CAE en Los Lagos llega a los 158 mil 764 millones de pesos, monto que afecta a 22.406 personas. Para dimensionar la gravedad del escenario, esta cifra triplica la recaudación total de impuestos tributarios, fiscales y territoriales de la región.
Llanquihue: El epicentro de la morosidad
El tesorero regional, Richard Marañao, explicó en conversación con Radio Bío Bío que el foco de la deuda no es uniforme en todo el territorio. “Principalmente el 60% lo tenemos concentrado en la provincia de Llanquihue. Y dentro de la provincia de Llanquihue, casi el 30% del total lo tenemos concentrado entre Puerto Montt y Puerto Varas”, detalló el funcionario sobre la distribución geográfica del problema.
A pesar del inicio de las acciones legales, el tesorero informó que se ha logrado una recaudación cercana a los 800 millones de pesos y que apenas el 3% del universo total de deudores ha logrado regularizar su situación de forma definitiva hasta el momento.
Medidas de flexibilidad para deudores
Ante este escenario, la TGR ha implementado nuevas facilidades para quienes busquen ponerse al día antes de enfrentar consecuencias judiciales mayores. Los convenios actuales incluyen:
- Topes de cobro: El pie inicial se estableció en un máximo del 10% de la deuda.
- Beneficio de cuotas: Para quienes perciben un sueldo de un millón de pesos, el pie máximo se reduce a una UTM, es decir, $70.588.
- Facilidades de pago: Todos los deudores pueden acceder a un plan de 24 cuotas.
- Plazos especiales: Aquellos con problemas de caducidad disponen de 60 días para gestionar una fórmula con reajuste anual.
Acciones judiciales y embargos
A pesar de la flexibilización, la TGR mantiene una política estricta con quienes poseen rentas más altas. “Este mes iniciamos alrededor de 2.600 demandas. Eso quiere decir que de los 22.000 ya nosotros tenemos en circulación, o en proceso de cobranza alrededor de 2.600 casos”, enfatizó Marañao. El proceso ya ha derivado en la notificación a instituciones bancarias para retener fondos en cuentas corrientes, además de la ejecución de cerca de 500 embargos en la región.
Actualmente, la Tesorería busca fomentar una cultura de cumplimiento ante el alza constante en la recaudación regional durante este año. Si usted recibió una notificación, las autoridades recomiendan dirigirse de manera presencial a la oficina más cercana o realizar las consultas pertinentes a través del sitio web oficial de la institución para evitar el avance de las acciones judiciales.
