La Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en general, con 12 votos a favor y 1 en contra, el proyecto de reajuste al sueldo mínimo. El Ejecutivo ingresó una indicación clave durante la sesión, elevando la propuesta inicial de un alza de $7.546 —que llevaba el salario de $539.000 a $546.546— a un nuevo ajuste que propone alcanzar los $553.553. Esto representa un incremento del 2,7% frente a la cifra actual.
La postura de la oposición frente al alza
Pese a la modificación, la propuesta no logró convencer a la oposición. Los parlamentarios cuestionaron que el ajuste se base únicamente en el IPC de abril y no considere el encarecimiento general del costo de la vida. Según señalaron, el Gobierno ha omitido efectos externos críticos, como las consecuencias económicas derivadas de la guerra en Medio Oriente y el alza en los precios de los combustibles que afecta directamente el bolsillo de los chilenos.
Negociaciones fallidas y costos laborales
El panorama es complejo, pues las conversaciones entre el Gobierno y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) concluyeron sin acuerdos en la última semana de abril. La CUT demandaba un reajuste del 18,3%, lo que habría posicionado el salario en $637.700, buscando superar la línea de la pobreza.
Por su parte, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, ha defendido el actuar del Ejecutivo argumentando la estricta situación fiscal y el incremento en los costos para los empleadores. En este punto, el debate suma una arista previsional relevante. Con la reforma de pensiones, se contempla una nueva cotización con cargo al empleador que comenzará a regir en agosto de 2025.
La nueva cotización se divide entre un 0,1% a las cuentas individuales en las AFP y 0,9% al nuevo Seguro Social Previsional. Tras un incremento gradual de nueve años, la contribución total del empleador, sumando el actual Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS), alcanzará un 8,5% de la remuneración imponible.
El proyecto ahora continúa su tramitación legislativa. Mientras el Ejecutivo insiste en que su propuesta es sostenible fiscalmente, queda la duda de si este nuevo incremento será suficiente para destrabar el conflicto en el Congreso o si se requerirá un nuevo ajuste para satisfacer las demandas de los trabajadores y la oposición.
