En una movida estratégica que se venía gestando de forma silenciosa, parlamentarios oficialistas de las comisiones de Seguridad y Constitución enviaron una carta al presidente José Antonio Kast. El documento, que busca corregir lo que consideran una falta de conducción política por parte del Ejecutivo, propone una “Estrategia Nacional de Seguridad Integral y Resiliencia del Estado” ante el debilitamiento de la agenda tras los cuestionamientos a la ministra Trinidad Stainer y los antecedentes que revisa la contralora Dorothy Pérez.
Un diagnóstico crítico sobre el rol del Estado
El documento de 11 páginas, elaborado con apoyo de equipos técnicos y especialistas, es categórico: “el fenómeno criminal cambió y el Estado quedó atrás”. Los parlamentarios advierten que, mientras el crimen organizado opera mediante corredores, puertos y fronteras, la respuesta estatal sigue fragmentada y reactiva. La propuesta oficialista busca que el gobierno pase de una administración de crisis a una conducción estratégica centralizada.
El Estado sigue respondiendo muchas veces con herramientas fragmentadas, reactivas. Mientras el crimen funciona por corredores, puertos, fronteras… la respuesta pública sigue excesivamente dividida entre instituciones.
La hoja de ruta presentada al jefe de Estado incluye la creación de un Sistema Nacional de Seguridad Integral liderado por la Presidencia. La idea es integrar inteligencia, defensa, ciberseguridad y protección de infraestructura crítica bajo una lógica interagencial permanente, incluyendo además el concepto de “guerra cognitiva” y desinformación como amenazas directas a la seguridad nacional.
Propuestas legislativas y medidas urgentes
El bloque oficialista puso sobre la mesa proyectos de ley prioritarios y medidas administrativas inmediatas:
- Legislación: Ampliación de flagrancia, tipificación del ingreso clandestino, nueva ley de infraestructura crítica y endurecimiento contra el crimen organizado y el terrorismo.
- Gestión: Modernización del CICPOL como centro operativo 24/7 y la reorganización del modelo policial macrozonal, enfocándose en las rutas del crimen en lugar de límites regionales.
- Macrozona Sur: Designación de un Comisionado Presidencial con facultades reales de coordinación política y operativa.
- Bienestar policial: Creación de una política habitacional para funcionarios y modernización de la salud institucional (DIPRECA).
El desafío central que plantea el documento es técnico y político: definir quién conduce el sistema. Actualmente, la pelota está en la cancha de La Moneda, donde el gobierno debe decidir si acogerá esta propuesta para reordenar su principal promesa de campaña o si mantendrá su actual esquema de gestión frente a una crisis de seguridad que no da tregua. La presión del oficialismo marca un punto de inflexión en la relación entre el Congreso y el Ejecutivo respecto a la urgencia de estas reformas.
