El gobernador regional de La Araucanía, René Saffirio, mantiene una tensa espera ante la falta de respuesta por parte del fiscal nacional, Ángel Valencia. El conflicto radica en un oficio formal, despachado hace más de un mes, donde la autoridad regional solicita explícitamente la inhabilitación del fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, en el marco de las indagatorias del denominado caso Fundaciones.
En el documento de ocho páginas, el gobernador expone diversas preocupaciones que, a su juicio, comprometen el avance de las pesquisas. Saffirio cuestiona la imparcialidad de Garrido, argumentando una posible falta al principio de objetividad debido a que el persecutor regional ejerce como docente en la Universidad Autónoma, institución que actualmente es objeto de investigaciones por parte del Ministerio Público en la región.
Preocupación por la lentitud en las investigaciones
Más allá de la solicitud de inhabilidad, el gobernador ha manifestado su inquietud por la excesiva demora que presentan las investigaciones relacionadas con los convenios. Según Saffirio, la parálisis judicial está generando consecuencias directas en la gestión pública local.
Estamos esperando una contestación sobre lo que ha estado ocurriendo en el Ministerio Público en la zona, en términos de retrasos que han afectado la disposición de recursos del Gobierno Regional.
El gobernador enfatizó que la actual situación requiere de medidas urgentes. Ante la prensa, Saffirio fue categórico: “Es demasiada la lentitud”, señaló, agregando que el tiempo corre en contra de la administración regional y que es imperativo “hacer cambios” para destrabar el flujo de recursos que se encuentra estancado por las indagatorias vigentes.
Hasta la fecha, ni la Fiscalía Nacional ni el fiscal Ángel Valencia han emitido un pronunciamiento oficial sobre los requerimientos planteados por el gobernador en el oficio presentado hace cuatro semanas. La incertidumbre sobre el futuro de la investigación y la permanencia de Roberto Garrido al mando de la causa continúa siendo un punto de alta tensión política en La Araucanía, a la espera de una respuesta formal que esclarezca el curso de acción del ente persecutor.
