El uso de viviendas fiscales y municipales ha sido objeto de una drástica intervención por parte de la Contraloría General de la República. Tras años de denuncias sobre ocupaciones que se extendían por décadas, la contralora general Dorothy Pérez firmó el dictamen D263 de 2026, ordenando a todos los organismos estatales regularizar de forma inmediata la asignación y permanencia en estos inmuebles.
Históricamente, estos recintos fueron concebidos como un apoyo para funcionarios que debían residir en lugares específicos por razones operativas o de vigilancia. Sin embargo, el sistema se deformó, permitiendo que propiedades estatales se convirtieran en residencias privadas de larga data. Investigaciones de Radio Bío Bío han expuesto casos donde las viviendas permanecen ocupadas por familias incluso después de jubilaciones o cambios en las condiciones que justificaban originalmente el beneficio.
El fin de los privilegios y la orden de regularizar
El dictamen es tajante respecto a las situaciones irregulares detectadas, que incluyen alteraciones graves en las condiciones de los inmuebles. La autoridad advierte que el uso de estas casas, en ocasiones superior a los 30 años, impide que otros funcionarios accedan legítimamente al beneficio. En algunos casos extremos, el derecho de uso ha sido tratado casi como un bien hereditario, pasando de generación en generación.
El órgano fiscalizador concluyó que la ley nunca estableció causales rígidas y exclusivas de término, lo que faculta a las jefaturas para fijar plazos máximos de uso, establecer condiciones transversales de mantención y poner término al goce del beneficio.
A partir de esta instrucción, ministerios, municipios, Fuerzas Armadas, policías, gobiernos regionales y universidades estatales tienen un plazo de 60 días hábiles para actualizar sus reglamentos internos. Estos deberán incluir obligatoriamente requisitos de postulación, mecanismos de monitoreo, visitas inspectivas y, especialmente, fechas límite para la ocupación.
Patrimonio del Estado y el riesgo de la usucapión
La medida se alinea con la estrategia del Ministerio de Bienes Nacionales, que audita el patrimonio estatal para evaluar la venta de propiedades subutilizadas. Desde el Ministerio de Hacienda señalan que Chile podría mantener un proceso de enajenación de terrenos y edificios por los próximos 20 años. Entre los casos emblemáticos se encuentran refugios en La Parva, cuya gestión ha quedado restringida a círculos internos y que podrían ser subastados en los próximos cinco meses.
La urgencia de esta orden también radica en evitar la prescripción adquisitiva. Según el artículo 2492 del Código Civil, bajo ciertas condiciones, ocupaciones prolongadas podrían derivar en el dominio privado de bienes fiscales, un riesgo que la Contraloría busca neutralizar al enfatizar que estos inmuebles poseen una naturaleza y finalidad pública innegociable. Con los nuevos protocolos exigidos por la Ley 19.880, el Estado se prepara para recuperar activos que, por falta de control, estuvieron fuera de su administración efectiva por demasiado tiempo.
