La Corte Suprema activó un procedimiento administrativo para que jueces, funcionarios del Poder Judicial y abogados integrantes que mantienen deudas con el Fondo Solidario de Crédito Universitario (FSCU) se pongan al día. La medida surge tras detectar un alto número de deudores dentro de la magistratura.
La detección de la morosidad judicial
Todo comenzó el 6 de abril, cuando la presidenta del máximo tribunal, Gloria Ana Chevesich, informó al pleno sobre la existencia de funcionarios judiciales que figuraban en la base de datos pública del CRUCh como morosos. El antecedente fue expuesto a raíz de un reportaje de Mega que visibilizó la cantidad de empleados públicos que adeudan sus créditos universitarios.
En dicha sesión, los magistrados ordenaron a la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ) realizar un catastro oficial. La directora (S) de la entidad, Andreina Olmo, realizó el cruce de datos y concluyó que, para el año 2026, se detectaron 1.265 personas con sueldo fiscal y 67 que no lo reciben, además de abogados integrantes de distintas cortes, en situación de morosidad.
Apercibimiento y plazo límite
Con el listado depurado en su poder, Gloria Ana Chevesich volvió a presentar los antecedentes al pleno el 24 de abril. En esa oportunidad, se acordó remitir una carta de apercibimiento a cada uno de los involucrados, bajo la premisa de las exigencias de conducta y probidad que rigen a los funcionarios públicos.
La resolución establece que los afectados deben enviar un escrito confirmando la solución de la deuda o el acuerdo de pago con la institución correspondiente a más tardar el 31 de mayo, bajo el apercibimiento de adoptar las medidas pertinentes.
Según la Dirección de Comunicaciones del Poder Judicial, las misivas comenzaron a ser distribuidas a inicios de esta semana. La orden es clara: el documento debe ser enviado a un correo electrónico habilitado específicamente para este proceso antes de que termine el quinto mes del año.
Reacciones y futuro del proceso
La medida ha generado ruido en los gremios. Mario Aguilar, presidente de la APRAJUD, criticó la acción al señalar una “permanente percepción de persecución” hacia los trabajadores del sector público y solicitó formalmente una prórroga de tres meses para concretar los pagos.
Actualmente, el Poder Judicial se mantiene a la espera de las respuestas. Una vez recopilada la información, el pleno evaluará la situación particular de cada funcionario para determinar qué pasos seguir, manteniendo la interrogante sobre si se accederá a la extensión solicitada por el gremio o si se aplicarán sanciones a quienes mantengan la mora tras el 31 de mayo.
