La reciente decisión del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago de decretar la prisión preventiva para el exdiputado Joaquín Lavín León y su exasesor parlamentario, Arnaldo Domínguez, por cargos de corrupción, ha generado una inmediata ofensiva legal de sus representantes. Ambos defensores cuestionaron duramente el fallo judicial al salir de la audiencia, calificando el proceso como una construcción artificial de los hechos.
Defensa de Lavín: Denuncia un «Frankenstein jurídico»
El abogado Cristóbal Bonacic, quien encabeza la defensa de Lavín, manifestó su rechazo absoluto a la resolución. Según el jurista, el tribunal parecía tener la decisión tomada desde antes de iniciar la audiencia, ignorando deliberadamente los argumentos presentados por la parte imputada. Bonacic insistió en que el caso se basa en una interpretación errónea de las funciones del exparlamentario.
«Tenemos la firme convicción de que aquí se fabricó un delito sobre información parcial. Yo podría definirlo como una especie de Frankenstein jurídico, porque se tomó parte de una historia, se colocó con otra y se fue sumando para una historia lineal que no se condice con la realidad».
Respecto a la supuesta red de corrupción investigada, el abogado defensor argumentó que el trabajo realizado por Lavín consistía en una aplicación para realizar encuestas sobre proyectos de ley a nivel nacional. Además, denunció que el Ministerio Público indujo a testigos de cargo a declarar información que, según su tesis, no es real, y criticó que la defensa contara con mucho menos tiempo de réplica que las cuatro instituciones acusadoras.
Defensa de Arnaldo Domínguez califica el fallo como infundado
Por su parte, el abogado Pablo Araya, representante de Arnaldo Domínguez, calificó la resolución como una acción totalmente infundada. El defensor sostuvo que los antecedentes presentados en la audiencia no logran satisfacer los elementos necesarios para configurar ningún tipo penal ni figuras de autoría respecto a su representado.
Al ser consultado sobre una posible motivación política en la decisión del juez Daniel Urrutia, Araya descartó tal premisa, aclarando que su crítica se limita estrictamente al ámbito jurídico. No obstante, enfatizó que el tribunal no se hizo cargo de ninguno de los antecedentes aportados por su parte durante la audiencia.
¿Qué sigue en este proceso judicial?
Tanto la defensa de Joaquín Lavín León como la de Arnaldo Domínguez han confirmado que se encuentran evaluando los recursos legales más idóneos para intentar revertir la medida cautelar de prisión preventiva en los próximos días. Mientras la defensa de Lavín promete no conformarse con lo resuelto, el equipo de Domínguez analiza si apelarán o interpondrán otras acciones para cuestionar lo que consideran una resolución arbitraria e ilegal.
