La Fiscalía de La Araucanía formalizó una investigación contra tres empresarios por el delito de fraude en una de las aristas judiciales del denominado caso Fundaciones. El proceso busca determinar responsabilidades en la presunta apropiación irregular de recursos asignados por el Gobierno Regional (GORE) durante la gestión del gobernador Luciano Rivas.
Los imputados en esta causa son el empresario Alejandro Martini, su esposa María Ignacia Ovalle, y Karam Puali. De acuerdo con los antecedentes presentados por el fiscal César Schibar, se les acusa específicamente de fraude de subvenciones y uso malicioso de instrumento privado, tras detectarse presuntas irregularidades en la ejecución de tres proyectos financiados por la Agencia de Desarrollo Regional.
Detalles de la acusación y defensa
El Ministerio Público sostiene que se trató de tres iniciativas independientes, cada una valorada en 50 millones de pesos. Según la tesis fiscal, las obras comprometidas en dichos proyectos, que incluían la construcción de una cancha de salto, un galpón y una terraza para un local comercial, jamás fueron realizadas.
Por su parte, la defensa de los imputados, liderada por el abogado José Martínez, refutó categóricamente los cargos. En su exposición, el jurista aseguró que el actuar de sus representados fue transparente y apegado a la legalidad:
Nosotros señalamos que los proyectos fueron adjudicados correctamente y ejecutados. También sostenemos que los contratos son reales y verdaderos, y las obras fueron ejecutadas y rendidas correctamente.
Es importante notar que ambos empresarios mantienen actividades comerciales en la zona lacustre. En el ámbito público, Alejandro Martini destaca por su pasado como activo militante y ex presidente regional del Partido Republicano en el periodo en que los fondos fueron adjudicados. En tanto, Karam Puali posee vínculos familiares al estar casado con una de las hijas del exsenador del PPD, Eugenio Tuma.
Estado de la investigación y medidas cautelares
Tras la audiencia de formalización, los tres involucrados quedaron en libertad, aunque sujetos a medidas cautelares de arraigo nacional y firma mensual. El Tribunal de Garantía estableció un periodo inicial de 5 meses para que la Fiscalía lleve adelante la investigación formal.
Cabe recordar que, conforme al Artículo 04 del Código Procesal Penal, este proceso se encuentra en fase indagatoria. Por lo tanto, los imputados no deben ser considerados culpables de los hechos hasta que exista una sentencia condenatoria ejecutoriada por parte de los tribunales de justicia, manteniendo vigente la presunción de inocencia mientras se esclarecen los hechos.
