La Defensoría Penal Pública presentó hoy un contundente recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones de Valdivia, acusando el uso ilegal de la Ley de Seguridad del Estado por parte del Ministerio de Seguridad en el caso de la agresión a la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao. La acción legal, revelada por Meganoticias, no solo apunta a una decisión de fondo errónea, sino que también cuestiona severamente la forma en que el tribunal ha tramitado la ampliación de la querella inicial.
Los abogados Luis Soto y Juan Pablo Alday, representando a la Defensoría, sostienen que el Ministerio de Seguridad, dirigido por la ministra Trinidad Steinert, carece de la facultad legal para invocar dicha normativa. Según la Defensoría, la potestad de aplicar la Ley de Seguridad del Estado recae exclusivamente en el Ministerio del Interior, lo que transformaría la acción actual en una ilegalidad flagrante al ampliar una querella sin la debida autoridad.
El argumento del Senador Iván Flores (DC)
La postura de la Defensoría ha encontrado un fuerte respaldo en el senador Iván Flores (DC). A través de su cuenta oficial de X, el parlamentario afirmó que este recurso de amparo “le había dado toda la razón” a sus advertencias previas. Flores fue enfático en señalar la falta de atribuciones del Ministerio de Seguridad en esta materia, una situación que, según él, conoce “perfectamente” dado que presidió la comisión mixta que creó dicha cartera.
“Esto no es defender la violencia, por ningún motivo, pero la ministra no tiene atribuciones para ello, la facultad es del Ministerio del Interior. Las cosas deben hacerse bien y en el marco de la ley respectiva”, escribió el senador.
El legislador recalcó que ni la ministra Steinert ni su ministerio tienen la capacidad legal para convocar la Ley de Seguridad del Estado. Su mensaje continuó con una crítica directa: “Como insistieron en eso, porque son campeones, entonces hoy día la Defensoría Penal Pública le está diciendo ‘ministra, usted está cometiendo una ilegalidad al invocar la Ley de Seguridad del Estado porque no tiene atribuciones’, y apuntan a una querella improcedente”. Flores concluyó instando a que “el Gobierno debería saberlo” y a que las cosas se hagan correctamente.
Irregularidades en la tramitación y el derecho a defensa
Más allá de la ilegalidad en la invocación de la ley, los abogados de la Defensoría Penal Pública también denunciaron graves irregularidades en la forma en que se tramitó la ampliación de la querella. A juicio de la Defensoría, estas falencias han impactado directamente el derecho a defensa de los imputados y, potencialmente, han puesto en riesgo su libertad personal. Uno de los puntos más críticos es que los defensores nunca fueron notificados oportunamente de la resolución que declaró admisible la querella, enterándose de su existencia solo en una audiencia posterior.
En este sentido, los abogados argumentan que la notificación no solo fue ilegal, sino también arbitraria. Subrayaron que la ampliación de la querella “debió ser declarada inadmisible por haber sido presentada por un órgano no autorizado por la ley”, lo que refuerza la crítica sobre la falta de atribuciones del Ministerio de Seguridad en este proceso.
Este recurso de amparo no solo busca revertir la aplicación de la Ley de Seguridad del Estado en este caso específico, sino que también plantea una crucial interrogante sobre los límites de las facultades de los diferentes ministerios y el respeto al debido proceso. La decisión de la Corte de Apelaciones de Valdivia, una vez que se pronuncie sobre la admisibilidad y el fondo de esta acción legal, sentará un precedente significativo sobre cómo se interpreta y aplica una normativa tan sensible en Chile.
